
La jueza rechazó el sobreseimiento por el envenenamiento de perros en Rawson
Policiales01/06/2026
REDACCIÓNEl caso de Samy, Lupe y Manija llegará a debate oral por el uso de carbofurán, una sustancia prohibida que expuso riesgo animal, sanitario y ambiental.

Tres perros murieron después de consumir cebos contaminados en un terreno baldío del barrio La Isla de Rawson. El episodio quedó bajo investigación penal porque, de acuerdo con la acusación fiscal, los embutidos contenían carbofurán, una sustancia de alta toxicidad prohibida en Argentina desde 2018. La causa ahora llegará a juicio oral, luego de que la Justicia rechazara el planteo de la defensa para cerrar el caso mediante un sobreseimiento.
El dato central ya no pasa solo por la muerte de los animales, sino por el método atribuido al imputado y por el tipo de sustancia utilizada. El carbofurán no solo integra la acusación por su presunto vínculo con el envenenamiento, sino también por su impacto sobre la salud pública y el ambiente. Esa dimensión llevó a que el expediente combine delitos de maltrato y crueldad animal con infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos.


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La acusación sostiene que el hecho ocurrió el 1 de marzo de 2025 en el barrio La Isla. En ese lugar, el imputado habría arrojado embutidos contaminados en un terreno baldío, donde luego los perros consumieron el cebo. Los animales identificados como “Samy”, “Lupe” y “Manija” murieron después de un proceso de agonía, según la hipótesis que será discutida en el debate oral.
La resolución que habilitó el juicio fue dictada el 1 de junio de 2026, después de las audiencias preliminares realizadas a fines de mayo. La jueza penal rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa y consideró que existen pruebas suficientes para sostener la hipótesis fiscal. Ese pronunciamiento no define culpabilidad, pero sí marca que el caso superó el filtro previo necesario para llegar a una audiencia de juicio.
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La investigación quedó en manos de la UFE AyDA, bajo la dirección de la fiscal general jefa Florencia Gómez. La acusación fue sostenida junto al Ministerio Público Fiscal, mientras que la querella estuvo representada por el abogado Romano Cominetti. En la misma etapa procesal también fueron admitidas pruebas ofrecidas por la fiscalía, la querella y la defensa, que deberán ser evaluadas durante el debate.
El caso tendrá un tribunal unipersonal y la Oficina Judicial deberá fijar la fecha del juicio oral. Allí se analizará si el imputado colocó los embutidos con carbofurán en el terreno baldío y si esa conducta provocó la muerte de los tres perros. La discusión judicial también deberá precisar el alcance penal del uso de una sustancia prohibida en un espacio abierto del barrio.
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La calificación legal reúne dos planos que suelen tramitar por vías distintas, pero que en este expediente quedaron conectados por la forma del hecho investigado. Por un lado, el imputado será juzgado por presuntos delitos de maltrato y crueldad animal bajo la Ley 14.346. Por otro lado, también enfrentará la imputación vinculada a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, debido al uso atribuido de carbofurán.
La incorporación de esa sustancia en la acusación amplía el alcance del caso más allá del daño directo a los animales. El carbofurán fue señalado en el expediente como un compuesto altamente tóxico, prohibido en el país por sus consecuencias sobre la salud pública y el ambiente. Su presunta utilización como cebo en un terreno baldío introduce un factor de riesgo para cualquier persona o animal que pudiera entrar en contacto con el material contaminado.
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La defensa intentó evitar el juicio mediante un pedido de sobreseimiento, pero la magistrada entendió que la prueba reunida permite discutir el caso en una instancia oral. Esa decisión deja al imputado frente a un proceso en el que la acusación deberá demostrar la autoría y el modo en que se habría ejecutado el envenenamiento. La defensa, a su vez, podrá controvertir las pruebas admitidas y plantear su propia versión ante el tribunal.
La causa queda ahora pendiente de una fecha concreta para el debate. Hasta entonces, el expediente conserva como punto operativo central la definición de cuándo se realizará el juicio y bajo qué dinámica se producirá la prueba. La instancia oral será el límite donde la hipótesis fiscal deberá pasar de la acusación escrita a la demostración pública ante el tribunal.
Fuente: MPF Chubut
















