Escala la polémica por la carne de burro y apuntan contra la fiscal que impulsó la investigación

El productor Julio Cittadini salió al cruce de la fiscal ambiental Florencia Gómez y la acusó de difundir información falsa sobre la comercialización de carne de burro en Chubut. Además, cuestionó la competencia de la funcionaria para intervenir en un caso que, según sostiene, corresponde a la jurisdicción de Trelew.

La controversia por la venta de carne de burro sumó un nuevo capítulo tras el duro descargo público realizado por el responsable del proyecto Burros Patagones. El productor rechazó las acusaciones que dieron origen a una investigación preliminar y denunció una supuesta campaña de desprestigio impulsada desde el Ministerio Público Fiscal.

Cittadini sostuvo que la fiscal ambiental Florencia Gómez incorporó información errónea y versiones mediáticas a una causa que calificó como "absurda y mentirosa". Según expresó, todas las actividades vinculadas al procesamiento y comercialización de la carne se realizaron bajo controles oficiales y con las autorizaciones correspondientes.

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En ese sentido, aseguró que el emprendimiento cumplió con el protocolo de faena, control bromatológico e inocuidad establecido por el Ministerio de la Producción. También afirmó que obtuvo la habilitación necesaria para la venta al público a través de la Municipalidad de Trelew y su área de Bromatología.

Uno de los puntos centrales del reclamo apunta a las declaraciones públicas realizadas sobre la legalidad de la actividad. El productor sostuvo que "falta a la verdad esta Fiscal cuando manifiesta que vendimos al público sin autorización y también cuando dice que en Argentina hay una prohibición total para el consumo de esta carne".

Además, argumentó que la legislación nacional contempla el desarrollo de este tipo de producciones. "Por el contrario, en Argentina está vigente la Ley 24525 que fomenta el desarrollo y consumo de este tipo de animales domésticos", expresó en su descargo, donde también cuestionó la interpretación jurídica realizada por la funcionaria.

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Otro de los aspectos planteados por Cittadini se relaciona con la competencia institucional para intervenir en el caso. Según manifestó, al tratarse de una actividad desarrollada y autorizada en Trelew, la actuación correspondería a organismos y autoridades con jurisdicción en esa ciudad. Desde esa perspectiva, consideró que la fiscal ambiental estaría avanzando sobre competencias ajenas.

El productor también remarcó que las provincias tienen facultades para habilitar determinadas especies destinadas al consumo dentro de sus territorios. Como ejemplo mencionó experiencias desarrolladas en otras jurisdicciones con animales que no forman parte de los consumos tradicionales a nivel nacional, entre ellos búfalos, llamas y guanacos.

En el tramo más duro de su pronunciamiento, Cittadini acusó a la fiscal de intentar construir una figura delictiva inexistente. "Esta investigación y acusaciones en medios públicos, totalmente falsas y tendenciosas son producto de un abuso de poder de la Fiscal Ambiental", afirmó. Incluso sostuvo que se estaría frente a una conducta que calificó como "prevaricato en términos judiciales".

Mientras la investigación continúa en etapa preliminar, la disputa ya trascendió el ámbito administrativo y judicial para instalarse en la opinión pública. El descargo del productor profundiza un conflicto que combina cuestiones sanitarias, legales y de competencia institucional, y que sigue generando repercusiones en distintos sectores de la provincia.