La defensa de Pablo Korn pide la prescripción de la causa, pero hay objeción en la Fiscalía
Policiales02/06/2026
REDACCIÓNEl exfuncionario de Servicios Públicos afronta un nuevo proceso técnico en Rawson tras un fallo de la Corte Nacional que revocó su sobreseimiento.
El abogado Federico Ruffa introdujo un planteo de prescripción como paso previo a la declaración formal del debate en las salas de la Oficina Judicial de Rawson. La presentación de la defensa técnica busca neutralizar la persecución penal argumentando que el Estado agotó los tiempos legales previstos para juzgar las conductas del imputado. Esta maniobra procesal aspira a clausurar el expediente en favor del ex Subsecretario de Servicios Públicos sin que los magistrados evalúen las pruebas reunidas por los investigadores en torno a la función pública.
La posición de los defensores particulares encontró un fuerte rechazo por parte de los organismos encargados de velar por la transparencia de las cuentas gubernamentales. El fiscal general Lucas Agustín Papini, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la Administración Pública, solicitó de forma inmediata desestimar el pedido de caducidad. El acusador público exigió la continuidad de las jornadas de juicio oral argumentando la vigencia de las responsabilidades penales atribuidas al exmiembro de las segundas líneas del Ejecutivo.
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La insistencia del Ministerio Público Fiscal para avanzar con la imputación recibió el acompañamiento unánime de los querellantes en la causa. Tanto los abogados de la Fiscalía de Estado como los representantes técnicos de la Oficina Anticorrupción adhirieron a los fundamentos que expuso Papini en el playón central de las audiencias. Las tres dependencias unificaron su estrategia judicial para sostener la necesidad de producir los testimonios y los informes periciales recolectados durante la etapa previa.
Este nuevo frente de litigio en los tribunales ordinarios de la capital provincial se concreta luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en el año 2024 invalidar un sobreseimiento dictado en las primeras instancias del juicio por los tribunales ordinarios de Chubut. El máximo tribunal nacional anuló aquel beneficio previo y emitió una directiva expresa para que se constituya una nueva terna de magistrados destinada a juzgar la validez de los contratos observados.
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La acusación técnica que pesa sobre las espaldas del exadministrador de los recursos hídricos y energéticos se fundamenta en la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Las fiscalías buscan dirimir si existió un direccionamiento de los expedientes de contratación para beneficiar a entornos comerciales específicos durante la permanencia del procesado en la subsecretaría. Esta figura del código penal castiga el desvío de los fines estatales en favor de intereses económicos privados gestionados desde las oficinas de control de servicios.
Las jornadas de debate técnico permanecen bajo la presidencia permanente de Martín O’Connor, secundado por las vocalías específicas de María Laura Martini y Jorge Novarino. Este cuerpo de magistrados asumió la responsabilidad de convalidar o rechazar las objeciones sobre los tiempos procesales que mantienen paralizada la producción del material probatorio general.
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Los plazos y la vigencia de las causas donde se investigan presuntos desvíos de los fondos públicos generan debates permanentes entre los especialistas en derecho administrativo locales. Las posturas defensivas insisten de manera habitual en que la prolongación excesiva de las etapas de instrucción vulnera las garantías constitucionales del debido proceso de los imputados. Por carriles opuestos, la oficina anticorrupción sostienen que la complejidad técnica del análisis de los expedientes licitatorios justifica la ampliación de los márgenes de investigación judicial.
Las partes del proceso asistieron a las primeras exposiciones cruzadas de argumentos técnicos en una jornada que se caracterizó por la tensión entre el bloque de las querellas y la defensa particular. Tras escuchar las fundamentaciones referidas al cómputo de las interrupciones de la prescripción, el cuerpo de magistrados resolvió suspender las actividades de la sala de audiencias. Los jueces ordenaron la apertura de un cuarto intermedio obligatorio para analizar las jurisprudencias nacionales antes de emitir un pronunciamiento definitivo sobre el futuro inmediato del caso.
La resolución definitiva sobre la viabilidad del enjuiciamiento público se dará a conocer el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana en las mismas dependencias de Rawson.
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