Educación iniciará sumarios y acciones civiles por los daños en Comodoro, donde hubo tres detenidos, cinco policías heridos y denuncias internas.
Cinco policías heridos, tres personas detenidas y un edificio público dañado dejaron los incidentes registrados en la Supervisión de Escuelas de Comodoro Rivadavia. El Gobierno del Chubut anunció que no limitará la respuesta a las denuncias penales que correspondan. El Ministerio de Educación anticipó que impulsará sumarios administrativos y acciones civiles para reclamar la reparación de los destrozos.
La decisión apunta a que los costos por los daños no queden absorbidos por el Estado provincial. Desde la cartera educativa señalaron que se buscará identificar a los responsables y exigir que afronten económicamente la reparación del patrimonio público afectado. El caso quedó vinculado a una protesta realizada durante la mañana de este martes, en un contexto de conflicto gremial.
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Los daños se produjeron en puertas, ventanas y otros sectores del establecimiento. El edificio pertenece al sistema educativo provincial y cumple funciones administrativas vinculadas con la organización escolar. Por eso, el Gobierno encuadró los hechos como una afectación a bienes que pertenecen a todos los chubutenses.
El ministro de Educación, José Luis Punta, adelantó que habrá medidas internas contra quienes hayan participado de los incidentes. “No solamente se van a llevar adelante los sumarios correspondientes, sino también la aplicación de las sanciones que correspondan ante el accionar de un grupo minoritario que intentó ingresar por la fuerza al edificio, provocando daños en bienes que pertenecen a todos los chubutenses y poniendo en riesgo la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar”, afirmó. La definición oficial coloca el foco en la responsabilidad administrativa y patrimonial de los involucrados.
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La intervención policial se produjo para resguardar el edificio y restablecer el orden, según informó Provincia. En ese operativo fueron detenidas tres personas y cinco efectivos sufrieron lesiones de distinta consideración mientras cumplían funciones. El episodio elevó la gravedad institucional del conflicto, porque el reclamo derivó en daños materiales y agresiones durante la actuación de la fuerza pública.
Desde el Ministerio de Educación indicaron que los incidentes fueron protagonizados por un grupo reducido de manifestantes pertenecientes a una facción gremial. Según la información oficial, ese sector desconoció la suspensión del paro establecida por la conciliación obligatoria. La medida había sido dictada por la Secretaría de Trabajo del Chubut el pasado 31 de mayo.
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El Gobierno también informó que los hechos fueron denunciados por compañeros de trabajo de las personas sindicadas como autoras de los destrozos. Ese dato será incorporado al análisis administrativo que realice el Ministerio de Educación. La investigación interna deberá determinar responsabilidades individuales antes de aplicar eventuales sanciones.
La respuesta oficial tendrá tres planos: penal, civil y administrativo. Las denuncias penales buscarán que intervenga la Justicia por los hechos ocurridos durante la protesta. Las acciones civiles apuntarán a recuperar el valor de los daños ocasionados, mientras que los sumarios definirán consecuencias dentro del ámbito laboral o funcional.
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Punta fue explícito al señalar que el Estado reclamará el pago de las reparaciones. “Los violentos son responsables de esta situación y, más allá de las denuncias penales que correspondan, se actuará civilmente para que reparen y paguen los daños que le han producido al Estado provincial y a todos los habitantes de Chubut”, sostuvo. La frase marca la orientación de la medida: trasladar el costo de los daños a quienes sean considerados responsables.
El caso se desarrolla en medio de una medida de fuerza suspendida por conciliación obligatoria. Ese punto será relevante para evaluar la situación de los involucrados, porque la protesta se produjo cuando regía una disposición administrativa de la Secretaría de Trabajo. El Ministerio de Educación utilizará ese marco para avanzar con las actuaciones correspondientes.
La reparación del edificio quedará ligada al resultado de las denuncias y de los sumarios. Mientras tanto, la Provincia buscará documentar los daños, identificar responsabilidades y establecer el alcance económico de la afectación. El proceso administrativo definirá si las personas involucradas deberán afrontar sanciones además del reclamo civil por los costos ocasionados.
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