Denuncian a militante por amenazas y prohibieron a la cúpula de ATE acercarse a los edificios escolares

La Justicia ordenó una restricción de 200 metros por seis meses para Verónica Rosales y otros cuatro imputados por los destrozos en Comodoro Rivadavia. Afiliados denuncian listas negras.

El funcionamiento de las dependencias educativas en la zona sur provincial quedó bajo tutela judicial directa debido a los violentos incidentes registrados durante las últimas protestas gremiales. El juez penal Alejandro Soñis notificó formalmente a la Unidad Regional una medida restrictiva severa que desplaza a los principales referentes del sindicato de estatales del perímetro de los establecimientos públicos. La resolución busca garantizar la integridad física del personal administrativo y docente que asiste diariamente a cumplir funciones en las delegaciones gubernamentales.

La medida decreta la “exclusión del hogar y prohibición de acercamiento, en un radio no inferior a 200 metros y de cualquier tipo de contacto con la sede de Supervisión de Escuelas (Región VI), por el término de seis meses”. El dictamen alcanza de manera directa a la secretaria gremial Verónica Rosales, junto a los manifestantes Marcelo Echeveste, Lorena Rosales, Evangelina Arbe y José Abelardo Barra. Los cinco involucrados permanecieron demorados tras los serios daños registrados en el acceso de la Delegación Administrativa de Educación, ubicada en la intersección de las calles José Fuchs y Marcelino Reyes.

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En paralelo al frente judicial por los daños edilicios, un grupo de trabajadores auxiliares formalizó denuncias penales por mecanismos de extorsión laboral ejecutados dentro de las sedes del propio sindicato. Los denunciantes revelaron la confección de registros obligatorios donde se exige a los contratados precarizados aportar información personal sensible bajo la amenaza de congelar sus trámites de estabilidad laboral. Los empleados estatales detallaron que en la organización los anotan en una lista donde deben poner el número de documento y de teléfono, advirtiendo que “si no acompañamos las protestas, no nos ayudan para ingresar a planta”.

Las presiones gremiales alcanzaron niveles de violencia física y psicológica contra el personal de las mesas de entradas que se negó a plegarse a los esquemas de huelga. Una de las empleadas de la delegación ministerial describió en su presentación ante la Comisaría del barrio Mosconi el hostigamiento telefónico que padeció en su domicilio particular tras la evacuación del edificio. La damnificada asentó en el acta policial que recibió llamadas de números desconocidos donde la amenazaban explícitamente con la frase “te voy a cagar a palos” por haber filmado los desmanes provocados en las rejas exteriores.

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La persecución contra el personal que decidió sostener la actividad laboral se trasladó también a las unidades de transporte público de pasajeros de la ciudad petrolera. Una auxiliar de educación relató ante los medios radiales el caso de una compañera que fue interceptada y amedrentada arriba de un colectivo por un grupo de manifestantes al salir de cumplir media jornada de trabajo. Los testimonios coinciden en que delegados sindicales lanzaron advertencias sobre recorridas directas escuela por escuela para aplicar castigos a quienes mantengan las aulas abiertas.

La resistencia interna contra los métodos aplicados por la conducción de ATE sumó el posicionamiento público de las trabajadoras de planta y de un sector del profesorado secundario de Comodoro Rivadavia. Las empleadas administrativas manifestaron su preocupación por el desprestigio que estos episodios imprimen sobre las instituciones escolares frente a la opinión pública y las familias de los estudiantes. Las profesionales que presenciaron los incidentes afirmaron textualmente que “consideramos que no nos representan y nos preocupa la imagen negativa que esto pueda tener en la comunidad educativa”.

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Los destrozos materiales en la sede ministerial del 2 de junio se originaron cuando columnas de manifestantes derribaron el vallado perimetral de custodia e intentaron ingresar por la fuerza a las oficinas de supervisión. La guardia policial apostada en el acceso principal sufrió agresiones con elementos contundentes y desprendimiento de vidrios al intentar contener la irrupción a las oficinas. El saldo del enfrentamiento arrojó cinco agentes policiales heridos con lesiones de diversa consideración que requirieron asistencia médica hospitalaria inmediata.

Los propios afiliados del gremio expresaron que la escalada de violencia interna vulnera de forma directa las garantías constitucionales básicas de los trabajadores que sostienen el funcionamiento del sistema pedagógico regional. Las presentaciones judiciales unificadas exigen al Ministerio Público Fiscal que investigue el direccionamiento de las amenazas hacia los sectores de menores ingresos, como los monotributistas. Las bases gremiales lamentaron la falta de espacios democráticos para disentir con las huelgas al remarcar que “somos muchas las personas que no estamos de acuerdo, pero no se nos respeta nuestro derecho a trabajar”.