Gendarmes y prefectos ocupan las calles de Santa Cruz por la huelga policial
Actualidad06/06/2026
REDACCIÓNEl quite de colaboración de los agentes provinciales paralizó las comisarías y obligó al Gobierno nacional a enviar cinco fuerzas federales para patrullar las cuadrículas.
Los mostradores de las comisarías santacruceñas dejaron de emitir documentación civil y trámites de rutina. Los agentes de los cuadros subalternos en actividad asisten a sus puestos de trabajo en las dependencias estatales pero decidieron limitar su labor de manera drástica, atendiendo exclusivamente emergencias delictivas extremas o siniestros viales graves en la vía pública. Esta parálisis administrativa bloquea la entrega de certificados de domicilio y las actuaciones de verificación cotidiana, alterando la atención general de la población.
El vacío de prevención en los barrios forzó una reconfiguración de la seguridad pública mediante el desembarco de efectivos dependientes de la administración central. Los funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional dispusieron la creación de un Comando Unificado para coordinar el despliegue de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal. El contingente nacional tiene la orden de cubrir los patrullajes por cuadrículas previamente acordados con las jefaturas locales.
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La implementación del sistema de vigilancia externa sufre demoras logísticas severas en las principales localidades del flanco norte costero. En las calles de Caleta Olivia las dotaciones federales no lograron visibilizarse en los sectores comerciales y los propios voceros de la Prefectura confirmaron que las bases de operaciones permanecían a la espera de instrucciones directas para salir de los cuarteles. Las delegaciones de la Policía Federal y las secciones de Gendarmería apostadas en Pico Truncado aguardan precisiones sobre sus zonas de responsabilidad.
La tensión en las bases de la fuerza santacruceña se agudizó de forma extrema tras un trágico siniestro vial que expuso las carencias del personal de seguridad. La muerte del subcomisario Gabriel Trujillo, quien perdió la vida al ser atropellado por un vehículo sobre la Ruta 12 mientras viajaba a Cañadón Seco, actuó como un detonante político dentro de la institución. La tropa denunció que el oficial jerárquico se dirigía a realizar un servicio adicional obligatorio para complementar los ingresos deteriorados que percibía en su cargo regular.
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El descontento generalizado se tradujo en masivas manifestaciones callejeras que incluyeron ruidosas caravanas de automóviles y camionetas particulares durante el mediodía del viernes. Las familias de los efectivos en actividad, junto a agrupaciones de policías retirados, rodearon los edificios de las seccionales y las oficinas de la delegación de la cartera de seguridad provincial. Los manifestantes exhibieron banderas argentinas, indumentaria oficial de la repartición y pancartas con reclamos explícitos por las magras escalas salariales vigentes.
Los núcleos de resistencia se consolidaron mediante campamentos estables que bloquean las inmediaciones de los sectores de comando desde el inicio de la semana. La convocatoria oficial del Ejecutivo provincial para sesionar en el denominado Consejo del Salario no logró desactivar los piquetes ni aplacar el malestar de los cuadros subalternos autoconvocados. Los referentes del reclamo advirtieron que las medidas de fuerza se mantendrán firmes hasta que las autoridades presenten una propuesta de recomposición que compense la inflación patagónica.
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La distribución del esquema de emergencia nacional prevé un reparto diversificado de tareas según las capacidades estructurales de cada ciudad afectada por el conflicto. En la capital de Río Gallegos está planificado que los operativos sumen el apoyo logístico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los agentes del Servicio Penitenciario Federal para custodiar los puntos estratégicos. Los detalles organizativos de las mesas de coordinación técnica estuvieron a cargo del subsecretario de Despliegue Territorial, Héctor Pedro Cajida, y el subsecretario de Intervención Federal, Martín Culato.
El congelamiento de las funciones policiales tradicionales instala un escenario de incertidumbre respecto al control de la delincuencia común en los centros urbanos más poblados del territorio. Las autoridades políticas intentan acelerar las negociaciones salariales para evitar que el patrullaje de gendarmes y prefectos deba prolongarse durante los meses de invierno. El sostenimiento de las guardias mínimas provinciales representa el único nexo operativo que evita el colapso total de los sistemas de denuncias en las jurisdicciones del sur.
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La viabilidad del plan de contingencia nacional queda sujeta a la capacidad de los ministerios para financiar el combustible y los viáticos de los batallones transferidos desde otras regiones. Los municipios del interior santacruceño gestionan de manera individual el resguardo de sus cascos céntricos ante la falta de precisiones sobre el esquema de cuadrículas definitivas. El desenlace de las paritarias en las próximas jornadas dictará si las fuerzas federales asumen el control definitivo de la provincia o si se restituye el servicio local.
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