Secuestraron más de cinco millones de pesos y equipos de videovigilancia en búnkers

Los investigadores ingresaron a tres casas donde operaba una red de venta de drogas que fue denunciada de forma anónima por los vecinos.

El secuestro de una suma superior a los 5.000.000 de pesos en efectivo y la incautación de sistemas cerrados de monitoreo electrónico desarticularon los principales nodos de recaudación de una organización dedicada al comercio de estupefacientes en la comarca petrolera. Los agentes irrumpieron de manera sorpresiva en las propiedades particulares, encontrando fajos de billetes guardados en distintas habitaciones y dispositivos tecnológicos de filmación que los sospechosos utilizaban para controlar los movimientos de la calle. Los operativos combinados neutralizaron la infraestructura logística que protegía las transacciones ilegales diarias.

Durante las minuciosas requisas de las estructuras edilicias, el personal policial localizó un lote de más de 300 dosis de clorhidrato de cocaína que ya se encontraban envueltas y preparadas para su distribución inmediata en el mercado local. En los mismos ambientes, los uniformados detectaron diversos envoltorios con cantidades no especificadas de cannabis sativa listas para el fraccionamiento menudo. El decomiso de las sustancias prohibidas se completó con el secuestro de teléfonos celulares de última generación y varios automóviles pertenecientes a los investigados.

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Las pesquisas iniciales que desencadenaron los allanamientos conjuntos surgieron a partir de información directa aportada de forma anónima por residentes de la zona urbana mediante plataformas web. El rastreo de los sospechosos se sustentó en los reportes cargados por la ciudadanía a través del portal específico Narcoweb y las alertas enviadas mediante la aplicación digital de seguridad ciudadana "Neuquén Te Cuida". Estas herramientas digitales permitieron a los sabuesos acumular datos concretos sobre los horarios y las modalidades de expendio sin comprometer la identidad de los denunciantes.

Los procedimientos requirieron el despliegue coordinado y simultáneo de los efectivos pertenecientes a la División Antinarcóticos Cutral Co, quienes contaron con el soporte operativo de diferentes unidades especiales de la policía provincial. Las comisiones ingresaron a los domicilios particulares distribuidos de manera estratégica en dos de las barriadas más populosas de la localidad de la comarca. Los objetivos específicos de la fuerza pública se concenraron en los pasajes internos de los barrios Nehuen Che y Parque Oeste.

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Los sistemas de cámaras de seguridad secuestrados en los inmuebles ingresaron de inmediato a las cadenas de custodia judiciales para ser sometidos a peritajes de almacenamiento por parte de técnicos informáticos. Los peritos de la fuerza intentarán recuperar los registros de video para identificar a otros eslabones de la red de provisión y determinar la frecuencia de personas que acudían a los puntos de venta. Los vehículos incautados en los patios de las viviendas permanecen alojados en depósitos oficiales bajo estricto resguardo.

La recolección de los elementos materiales de interés para la causa penal permitió consolidar la acusación contra las personas que se encontraban en el interior de los búnkers al momento de las irrupciones armadas. Las autoridades confirmaron que cuatro personas mayores de edad quedaron imputadas formalmente en el expediente judicial, tras verificarse los vínculos directos con las dosis de estupefacientes listas para la calle. Los sospechosos fueron trasladados hacia las dependencias policiales correspondientes para cumplir con las diligencias de rigor.

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La causa judicial quedó caratulada bajo los términos que impone la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, la cual prevé penas severas para quienes participen en el tráfico y fraccionamiento de estupefacientes. Los investigadores de la división especializada continúan cruzando la información obtenida en los teléfonos móviles para establecer si el dinero en efectivo incautado responde a la recaudación de una sola semana de transacciones. La Fiscalía Federal definirá los plazos de las indagatorias formales mientras los imputados permanecen supeditados al proceso.