Spagnuolo busca frenar una prueba que él mismo reclamó durante meses
Policiales11/06/2026
Sergio BustosLa investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un giro inesperado. Diego Spagnuolo, uno de los principales involucrados en el expediente, solicitó que se suspenda una pericia sobre audios que durante meses consideró necesaria para esclarecer los hechos bajo análisis.
La presentación fue realizada ante el juzgado federal que interviene en la causa a través de su abogado defensor, Pablo Parera. El planteo apunta directamente contra la resolución que dispuso un cotejo fonético y cuestiona la convocatoria realizada para que el exfuncionario aporte muestras de voz destinadas a comparar con grabaciones incorporadas al expediente.
La situación llamó la atención porque la discusión sobre la autenticidad de los audios ocupó un lugar central en buena parte de la investigación. Distintas defensas habían impulsado la necesidad de realizar estudios técnicos para determinar si los registros eran genuinos o si habían sufrido alteraciones antes de llegar a la Justicia.
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Ese análisis tomó impulso después de que la Cámara Federal respaldara la realización de pericias específicas. A partir de esa decisión, el juez Ariel Lijo ordenó una serie de estudios destinados a establecer si las grabaciones fueron editadas, manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial o si efectivamente corresponden a las personas mencionadas en ellas.
Sin embargo, la estrategia de la defensa cambió cuando la medida incluyó la toma de muestras vocales de Spagnuolo. Según el escrito presentado, obligar al imputado a colaborar activamente con la prueba implicaría una afectación de garantías constitucionales vinculadas al derecho de defensa.
"La orden fue emitida sin consentimiento previo y supone una intervención activa del imputado que podría derivar en consecuencias perjudiciales para su situación procesal", sostuvo la defensa. Bajo ese argumento, se pidió la nulidad de la resolución judicial y la suspensión de cualquier procedimiento relacionado con el examen de voz.
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Más allá de la cuestión constitucional, los abogados volvieron a cuestionar la validez del material incorporado al expediente. Según plantearon, existen elementos que permiten sospechar que los audios pudieron haber sido manipulados antes de ser presentados como prueba.
Entre los aspectos señalados aparece una característica que consideran llamativa: en los registros se escucha una sola voz a pesar de que el contenido hace referencia a conversaciones con otros interlocutores. Para la defensa, esa circunstancia podría indicar que partes del material fueron eliminadas o modificadas durante algún proceso de edición.
El escrito también plantea la posibilidad de que distintos fragmentos hayan sido ensamblados digitalmente para construir archivos únicos. Esa hipótesis forma parte de una investigación paralela que busca determinar el origen de las grabaciones y establecer si existió alguna maniobra irregular durante su obtención.
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En ese expediente, que tramita en otro juzgado federal, se analiza además si las conversaciones pudieron haber sido captadas de manera ilegal o mediante procedimientos incompatibles con la legislación vigente en materia de inteligencia y protección de comunicaciones privadas.
La discusión ocurre en una causa que ya cuenta con procesamientos dictados y una importante cantidad de evidencia reunida por los investigadores. Incluso, según surge del expediente, los audios cuestionados no fueron utilizados como elemento central para resolver la situación procesal de los imputados.
Ahora la decisión quedó en manos de la Justicia. El juzgado deberá determinar si mantiene la pericia ordenada o si hace lugar al planteo de nulidad presentado por la defensa, en un escenario que exhibe una contradicción llamativa.
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