Tras años de resistencia universitaria, el Gobierno cedió y aceptó una mejora salarial mayor a la prevista

Después de casi tres años de movilizaciones, paros, marchas federales y disputas políticas, las universidades nacionales consiguieron lo que hasta hace pocos meses parecía improbable: que el Gobierno aceptara una propuesta significativamente superior a la que defendía en el Congreso y en las negociaciones previas. El acuerdo firmado este miércoles representa una victoria para el sistema universitario y un cambio de posición para la administración de Javier Milei.

La recomposición salarial acordada alcanza el 24,33% y supera ampliamente el 12,3% que el oficialismo había intentado impulsar anteriormente. La diferencia no es menor. Durante meses, rectores, gremios y estudiantes sostuvieron que aquella propuesta no alcanzaba para compensar la pérdida acumulada del poder adquisitivo y profundizaba la crisis en las universidades públicas.

La firma del entendimiento se concretó en el Palacio Sarmiento y fue el resultado de negociaciones intensas que se aceleraron durante las últimas semanas. Participaron autoridades nacionales, representantes sindicales y miembros del Consejo Interuniversitario Nacional, que llegaron a la mesa después de una extensa pulseada política y judicial.

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El conflicto universitario se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza para el Gobierno. Desde abril de 2024, cuando cientos de miles de personas se movilizaron en defensa de la educación pública, la discusión dejó de ser exclusivamente presupuestaria y adquirió un fuerte peso político. Cada marcha federal amplificó el reclamo y obligó al oficialismo a responder ante una protesta que nunca perdió capacidad de convocatoria.

La presión no se limitó a las calles. Hubo clases públicas frente a la Casa Rosada, movilizaciones ante la Corte Suprema, tomas de establecimientos educativos, semanas de paro y una intensa actividad parlamentaria. El conflicto atravesó vetos presidenciales, debates legislativos y fallos judiciales que mantuvieron abierta la disputa durante meses.

En ese contexto, el Gobierno terminó aceptando una actualización salarial distribuida en dos tramos. El primero será del 21,33% durante junio y el segundo del 3% en octubre. Además, Economía autorizó una partida extraordinaria de $800.000 millones y garantizó la reapertura de las negociaciones paritarias cada tres meses.

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El acuerdo también incorpora recursos para áreas que las universidades consideraban críticas. Los hospitales universitarios recibirán $50.000 millones adicionales que no estaban contemplados originalmente para 2026. Los rectores venían advirtiendo que la situación financiera de estos centros de salud se estaba volviendo cada vez más compleja.

Los gastos de funcionamiento obtendrán un incremento del 20%, mientras que las becas Manuel Belgrano subirán un 50% después de permanecer congeladas desde 2024. La actualización busca recomponer el valor de una ayuda económica que había quedado muy rezagada frente a la inflación acumulada.

La administración libertaria había intentado sostener una posición mucho más rígida. También buscó alternativas legislativas para limitar el impacto presupuestario de los reclamos universitarios. Sin embargo, la persistencia de las protestas, el respaldo social al sistema público y el avance de la judicialización fueron modificando el escenario político.

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Las universidades, por su parte, lograron mantener una estrategia común entre rectores, docentes y estudiantes pese a las diferencias internas. Esa coordinación fue uno de los factores que permitió sostener el conflicto durante tanto tiempo y llegar a una negociación con mayor capacidad de presión frente al Gobierno.

La disputa, de todos modos, no quedó completamente cerrada. La causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario continúa en la Corte Suprema y todavía resta conocer cuál será la definición judicial. Pero el acuerdo firmado marca un punto de inflexión político: después de años de enfrentamiento, el Gobierno terminó aceptando condiciones considerablemente más favorables para las universidades que las que estaba dispuesto a conceder cuando comenzó la discusión.