La Fiscalía de Puerto Madryn detectó más casos de estafas telefónicas con falsas promociones, control remoto de celulares, créditos y transferencias.
Una llamada que promete un descuento para jubilados puede terminar con un celular intervenido, un crédito sacado sin autorización y una cuenta vacía. Esa modalidad creció en Puerto Madryn y encendió la preocupación de la Fiscalía y la División Policial de Investigaciones. Las víctimas principales son personas adultas mayores, abordadas con supuestos beneficios que usan nombres de empresas conocidas para ganar confianza.
Los casos detectados muestran una maniobra que no se limita a pedir datos personales durante una conversación telefónica. Los delincuentes buscan que la víctima instale una aplicación en su teléfono, porque desde allí pueden ver la actividad del dispositivo o tomar el control remoto. Con ese acceso, ingresan a bancos y billeteras virtuales, gestionan créditos preaprobados y realizan transferencias no autorizadas.
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La alerta preventiva fue emitida por la Fiscalía de Puerto Madryn junto con la DPI, luego de registrar numerosos hechos bajo una modalidad similar. En los últimos episodios, los estafadores se presentaron como representantes de Camuzzi Gas del Sur, Naranja X, Banco del Chubut, supermercados y otras instituciones. El engaño se apoya en una promesa concreta: descuentos, promociones especiales o beneficios exclusivos para jubilados.
La primera parte del fraude ocurre durante el llamado, cuando el delincuente intenta sostener una conversación convincente y apurada. Allí pide que la persona descargue aplicaciones desde Play Store o Google Play, con la excusa de completar un trámite o activar un beneficio. También puede solicitar fotografías del Documento Nacional de Identidad, imágenes personales o selfies para una falsa validación.
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El daño económico aparece cuando los estafadores logran usar el teléfono como puerta de entrada a las cuentas. Desde ese punto pueden operar plataformas bancarias, billeteras virtuales y herramientas financieras vinculadas al titular del dispositivo. Las pérdidas denunciadas alcanzan montos importantes y, en algunos casos, llegan a cifras millonarias.
Las autoridades remarcan que ninguna promoción debe aceptarse solo por una comunicación recibida de manera inesperada. Ante una oferta telefónica, la recomendación es cortar el llamado y comunicarse por los canales oficiales de la empresa o entidad mencionada. Esa verificación debe hacerse desde números, páginas o aplicaciones conocidas, no desde contactos enviados por la misma persona que ofrece el supuesto beneficio.
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El cuidado principal pasa por no entregar el control del celular a desconocidos, aunque el llamado parezca provenir de una firma reconocida. No se debe instalar ninguna aplicación indicada por terceros durante una comunicación, ni compartir usuarios, claves, códigos de verificación o datos bancarios. Tampoco se deben enviar fotos del DNI, selfies ni imágenes personales para trámites que no fueron iniciados por canales oficiales.
La modalidad apunta a personas mayores porque combina promesas de ahorro con nombres institucionales que resultan familiares. Esa mezcla puede hacer que la víctima avance paso a paso sin advertir que entrega acceso a información sensible. Por eso la prevención no depende solo de desconfiar de una voz desconocida, sino de frenar cualquier pedido que implique descargar aplicaciones o mostrar documentos.
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Quienes ya sufrieron una maniobra de este tipo deben conservar toda la evidencia digital disponible. Las aplicaciones instaladas, los mensajes, los registros de llamadas y los comprobantes de transferencias pueden resultar relevantes para la investigación. Borrar esos elementos puede dificultar la reconstrucción del fraude y reducir las posibilidades de obtener información útil.
La denuncia debe realizarse de manera inmediata ante la Fiscalía o en la dependencia policial más cercana. Esa presentación permite activar medidas investigativas con mayor rapidez y preservar datos que pueden perderse con el paso de las horas. El riesgo sigue abierto mientras los delincuentes mantengan acceso a teléfonos, cuentas bancarias o billeteras virtuales vinculadas a la víctima.
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