La fiscalía lo acusó por lesiones leves agravadas y daño contra Lucila Cassiau. La indagatoria fue fijada para el 5 de agosto en Ezeiza.
Néstor Ortigoza fue imputado en la causa por presunta violencia de género contra su ex mujer, Lucila Cassiau, y deberá presentarse a declaración indagatoria en agosto. La fiscalía lo acusó por los delitos de “lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género”, según surge del fallo al que accedió Agencia Noticias Argentinas. El expediente, iniciado en 2024, suma así un nuevo avance judicial contra el ex futbolista de San Lorenzo y ex integrante de la selección paraguaya.
La declaración indagatoria fue fijada para el miércoles 5 de agosto a las 10 en sede fiscal. Ortigoza deberá presentarse en los términos de los artículos 308, 309 y concordantes del Código Procesal Penal, además del artículo 5 de la ley 13.811. Esa instancia permitirá que el ex mediocampista sea formalmente escuchado frente a la acusación que pesa en su contra.
La fiscal María Lorena González, de la UFI N°3 del Departamento Judicial de Ezeiza, sostuvo en el escrito que encontró “motivos bastantes para sospechar” que Ortigoza habría participado en la comisión de los hechos investigados. Esa formulación marca un paso relevante dentro del proceso, aunque no implica una condena. La causa continuará con la indagatoria y con las medidas que puedan pedir las partes a partir de esa audiencia.
El abogado de Cassiau, Roberto Herrera, afirmó que su clienta recibió la decisión judicial con tranquilidad. Según señaló en diálogo con NA, sigue vigente una restricción de acercamiento contra Ortigoza, medida que busca resguardar a la denunciante mientras avanza el expediente. El letrado también anticipó que pedirá la detención del ex futbolista durante la indagatoria.
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Herrera sostuvo que venía reclamando desde hace tiempo que la Justicia citara a declarar a Ortigoza. “Cinco veces pedí que lo indaguen, hasta pedí la recusación de la fiscal porque no se movían”, afirmó el abogado de Cassiau. Su planteo refleja la tensión previa en torno al ritmo de la investigación y el reclamo de la denunciante para que la causa tuviera definiciones procesales.
El expediente tuvo un recorrido marcado por denuncias cruzadas. En una primera instancia, Ortigoza había denunciado a Cassiau por violencia contra sus hijos y por posesión de armas. Luego, la causa tomó otro impulso cuando la mujer publicó en sus redes sociales videos en los que se observaban situaciones denunciadas como agresiones verbales y físicas.
Esas imágenes tuvieron un fuerte impacto público y modificaron la exposición del caso. A partir de la viralización de los videos, la discusión dejó de estar limitada al expediente judicial y se instaló también en el plano deportivo y social. Ortigoza, identificado durante años con San Lorenzo por su pasado como jugador y dirigente, quedó bajo cuestionamiento público mientras la investigación avanzaba en la Justicia de Ezeiza.
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La imputación se conoce en una causa sensible por el contexto de violencia de género y por las medidas de protección que permanecen activas. En este tipo de procesos, la indagatoria no funciona como una sentencia, sino como una instancia en la que la persona acusada puede dar su versión frente a los hechos atribuidos. Después de esa audiencia, la fiscalía y la defensa podrán impulsar nuevos planteos dentro del expediente.
El caso también vuelve a poner bajo discusión el tratamiento judicial de las denuncias por violencia dentro de vínculos familiares. La acusación fiscal menciona lesiones leves agravadas y daño en un contexto específico de violencia de género, lo que agrava la lectura penal del conflicto. La continuidad de la restricción de acercamiento muestra que la Justicia mantiene medidas preventivas mientras se define la situación procesal del ex futbolista.
Ortigoza deberá declarar en agosto en una instancia que puede ser decisiva para el futuro de la causa. La querella ya adelantó que buscará una medida más severa, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de responder a la imputación. Hasta entonces, el expediente queda abierto con una acusación formal, una indagatoria fijada y una denunciante que espera nuevas resoluciones judiciales.
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