La mujer que caminó 300 kilómetros por la muerte de su hija y su nieta logró un importante avance en la causa

Mariana Aranda reclamó justicia por Valentina e Isabelle, fallecidas durante una cesárea, y la Procuración reasignó el expediente en Salta.

La caminata de Mariana Aranda desde General Enrique Mosconi hasta la ciudad de Salta terminó con una respuesta concreta dentro del Ministerio Público Fiscal: la causa por las muertes de su hija Valentina Cabana y de su nieta Isabelle Evangeline Cabana pasará a una unidad especializada. La mujer recorrió más de 300 kilómetros para pedir que la investigación saliera de la quietud que denunciaba su familia y tuviera nuevas medidas. El reclamo llegó a la Procuración General de la provincia y derivó en la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1 del Distrito Judicial Centro. La decisión no resuelve el caso, pero modifica el lugar institucional desde donde se tramitarán las próximas actuaciones.

El procurador general Pedro García Castiella recibió a Aranda el viernes 19 de junio, tres días después de su llegada a la capital salteña. La mujer se presentó como madre de Valentina y abuela de Isabelle, ambas fallecidas luego de una cesárea realizada en la clínica San Antonio. El encuentro puso el reclamo familiar en el despacho más alto del Ministerio Público Fiscal provincial. La reunión no fue solamente un gesto de escucha: quedó seguida por una resolución formal que ordenó la asignación del expediente a una fiscalía con intervención específica en casos de alta gravedad.

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La decisión quedó plasmada en la Resolución N° 1739/26, dictada luego del análisis de actuaciones que ya habían sido requeridas y remitidas. La Procuración consideró las circunstancias particulares del caso y dispuso que la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1 del Distrito Judicial Centro, a cargo del fiscal penal Santiago López Soto, tome intervención. Ese cambio es el dato central del nuevo tramo de la causa. El expediente ya no quedará sólo bajo la dinámica previa, sino que sumará una mirada fiscal orientada a investigar hechos de mayor complejidad y sensibilidad institucional.

Aranda llegó a la ciudad de Salta el martes 16 de junio, después de caminar desde el norte provincial para reclamar justicia por las muertes de su hija y su nieta. Ese día fue recibida por el coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero, junto con sus asesores letrados. La caminata funcionó como una forma extrema de visibilizar un reclamo que, según la familia, no encontraba respuestas suficientes. El recorrido físico de más de 300 kilómetros terminó transformado en presión institucional para que la causa obtuviera otro tratamiento dentro del sistema penal salteño.

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Durante ese primer encuentro se plantearon “diversas inquietudes vinculadas al avance de la investigación y solicitó la adopción de medidas tendientes a propiciar el esclarecimiento de los hechos denunciados”, de acuerdo con el escrito del Ministerio Público Fiscal. Esa frase sintetiza el centro del reclamo: la familia no pidió sólo ser escuchada, sino que se ordenaran medidas capaces de empujar el expediente. La muerte de una adolescente y de su bebé durante una cesárea exige respuestas técnicas, médicas y judiciales que permitan reconstruir qué ocurrió dentro de la clínica San Antonio y si existieron responsabilidades.

La causa queda ahora bajo una intervención que deberá canalizar las peticiones vinculadas con ese nuevo tramo de trabajo. La Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1 tendrá a su cargo las solicitudes que se realicen a partir de la resolución, aunque las decisiones procesales que correspondan seguirán en manos del juez de Garantías interviniente cuando sean impulsadas por el fiscal de la causa. Esa precisión resulta importante porque delimita competencias. La Procuración reasignó la intervención fiscal, pero el expediente continuará sujeto a los controles judiciales propios del proceso penal.

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El caso arrastra una fuerte carga humana porque involucra la muerte de Valentina Cabana y de Isabelle Evangeline Cabana en un procedimiento médico denunciado por la familia. La caminata de Mariana Aranda colocó esa historia fuera del expediente y la llevó al espacio público, con una demanda concreta de justicia. La madre y abuela convirtió el reclamo en una presencia física sostenida durante varios días, hasta llegar a la capital salteña. Esa dimensión social del caso pesó sobre una investigación que, según su planteo, necesitaba medidas más firmes para esclarecer los hechos.

La clínica San Antonio aparece como el lugar señalado en la denuncia por las muertes ocurridas durante la cesárea. Ese dato mantiene el caso dentro de una zona sensible, donde deberán analizarse historias clínicas, intervenciones profesionales, protocolos, responsabilidades y decisiones médicas adoptadas en el momento del parto. La nueva intervención fiscal puede ordenar pedidos de información, pericias o medidas que ayuden a determinar si las muertes respondieron a una complicación inevitable o si hubo conductas penalmente relevantes. El reclamo familiar apunta justamente a que esa diferencia se investigue con profundidad.

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La designación de Santiago López Soto no representa una sentencia anticipada ni una confirmación de responsabilidades, sino un cambio en la conducción del impulso investigativo. La Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1 deberá tomar contacto con los elementos ya incorporados y definir qué medidas resultan necesarias. En causas de este tipo, el tiempo transcurrido pesa sobre la recolección de pruebas y sobre la confianza de la familia en el sistema. Por eso, la reasignación llega como una señal de movimiento después de la caminata, aunque todavía falta conocer qué decisiones concretas adoptará la fiscalía.

El reclamo de Mariana Aranda dejó instalada una consecuencia institucional concreta: la causa ya tiene una nueva unidad fiscal asignada y un fiscal penal identificado para intervenir. El próximo límite estará en la capacidad del expediente para producir respuestas verificables sobre las muertes de Valentina e Isabelle. La caminata logró abrir una puerta, pero la expectativa familiar se medirá ahora en medidas, pericias, citaciones y definiciones judiciales. La Procuración movió la causa; el tramo decisivo será comprobar si ese cambio alcanza para acercar una explicación sobre lo ocurrido en la cesárea.

Fuente: NA.