La muerte de Thiago Altamirano expone denuncias previas y fallas bajo investigación

El niño de 2 años llegó sin vida al hospital en Salta. Su madre y la pareja quedaron detenidos mientras se espera el resultado de la autopsia.

La muerte de Thiago Altamirano, un niño de 2 años de la ciudad de Salta, abrió una investigación judicial que por estas horas concentra la atención en dos planos sensibles. Por un lado, la Justicia busca determinar qué ocurrió antes de que el menor llegara sin vida al hospital Materno Infantil. Por otro, la familia paterna sostiene que existían denuncias previas y que el sistema de protección no actuó a tiempo.

El caso comenzó a investigarse después de que la madre del niño llamara al 911 y luego lo llevara al hospital Papa Francisco, en la zona sudeste de la capital salteña. Según la información difundida, el pequeño fue derivado por la gravedad del cuadro y por la presencia de señales compatibles con golpes. Cuando ingresó al hospital Materno Infantil, los médicos constataron que ya no tenía signos vitales.

Horas después, la madre y su pareja quedaron detenidos de manera preventiva y a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos del fiscal penal N°2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quien ordenó medidas para reconstruir las últimas horas de vida del niño. El resultado de la necropsia será determinante para establecer la causa de muerte y definir los próximos pasos procesales.

Antes de quedar detenida, la madre publicó en WhatsApp un mensaje que sumó conmoción al caso. En una imagen del niño, escribió “Perdoname amor por todo”, y minutos más tarde compartió otra frase de despedida: “Hasta siempre mi bebé, te amaré siempre mi Thiago hermoso”. Esos posteos fueron posteriores al llamado de emergencia y quedaron incorporados al contexto público de una investigación que todavía no tiene una conclusión definitiva.

OTRAS NOTICIAS:

Pasará 66 años en prisión por matar a dos nenes con chocolates envenenados enviados a su expareja

El reclamo más fuerte llegó desde la familia paterna, que aseguró haber advertido situaciones de riesgo desde el año pasado. Los abuelos Marta Salazar y Ciro Altamirano dijeron que habían realizado denuncias por presuntos maltratos y que hacía meses no podían ver al niño porque la madre impedía el contacto. En sus declaraciones públicas, apuntaron directamente contra el funcionamiento del sistema judicial y de los organismos de protección.

Salazar afirmó que las autoridades conocían la situación familiar y cuestionó que no se hubieran tomado medidas más firmes. “Ella era inestable, tenía problemas de adicciones y era muy conflictiva. Todo esto sabía la justicia”, sostuvo la abuela paterna. Luego agregó una frase que sintetizó el dolor de la familia: “La justicia es culpable de que ahora él no está”.

Ciro Altamirano también aseguró que había realizado varias presentaciones desde febrero de 2025 porque veía a su nieto “mal” y “triste”. Según relató, en la última visita notaron señales que les hicieron temer por la integridad del niño. La familia sostiene que, pese a esas advertencias, las medidas adoptadas fueron insuficientes y no lograron evitar el desenlace fatal.

La situación también involucra al hermano menor de Thiago, un bebé de 9 meses que quedó bajo resguardo en Casa Cuna. La familia paterna pidió que se evalúe con prioridad su restitución al entorno de los abuelos, mientras avanza la investigación penal. La abogada de la familia reclamó que se revise la actuación de las profesionales y áreas que intervinieron en el seguimiento del caso.

OTRAS NOTICIAS:

Un niño de 12 años murió al quedar atrapado con el cinturón y ser arrastrado por kilómetros durante el robo del auto familiar

Desde el área provincial de Niñez y Familia se reconoció que ya había una intervención previa vinculada a una causa por violencia de género entre los progenitores de Thiago. En ese expediente se habían dictado restricciones mutuas, pero las medidas provisorias habían vencido el 25 de mayo. La continuidad de esa causa estaba pendiente de una audiencia, lo que ahora será parte del análisis sobre la cadena de decisiones previas.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabajó en la vivienda familiar y trasladó el cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la realización de los estudios correspondientes. También se informó que familiares directos recibieron asistencia de una trabajadora social del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. La investigación quedó a cargo de la UGAP y del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, el caso vuelve a poner en discusión el modo en que el Estado responde frente a denuncias por presunta violencia contra niños. La familia paterna reclama que se determine si hubo omisiones, demoras o decisiones administrativas que dejaron a Thiago en una situación de vulnerabilidad. La Justicia, por ahora, debe establecer primero cómo murió el niño y qué responsabilidad penal pudo haber existido.