Diputados sancionó la autorización para abonar USD 171 millones a dos grupos acreedores y cerrar reclamos pendientes por bonos en default.
El Congreso aprobó este miércoles la autorización para que el Estado nacional avance con el pago de USD 171 millones a dos grupos de acreedores que mantenían litigios abiertos por títulos de la deuda defaulteada en 2001. La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado y terminó de ser sancionada en la Cámara de Diputados. El resultado le permite al Gobierno cumplir con los acuerdos de conciliación alcanzados en la Justicia de Estados Unidos antes del plazo fijado para el 30 de junio.
La votación en Diputados terminó con 139 votos afirmativos y 97 negativos, en una sesión en la que el oficialismo logró reunir respaldo de bloques aliados y sectores provinciales. El proyecto autoriza el desembolso de USD 67 millones para Bainbridge Ltd. y USD 104 millones para el grupo acreedor encabezado por Attestor Value Master Fund LP. En total, el entendimiento compromete pagos por USD 171 millones para cerrar una parte de los reclamos que seguían pendientes tras el default argentino.
Los fondos involucrados forman parte del remanente de acreedores que no ingresó a los canjes de deuda realizados después de la cesación de pagos declarada a fines de 2001. Durante años, esos grupos mantuvieron acciones judiciales contra la Argentina en tribunales extranjeros. La aprobación parlamentaria busca poner fin a esos reclamos y levantar medidas de ejecución vinculadas con activos soberanos del país.
El oficialismo defendió la ley como una salida necesaria para cerrar litigios heredados y reducir riesgos judiciales. Desde La Libertad Avanza remarcaron que el acuerdo incluye una quita cercana al 30% sobre los montos reclamados y que evita nuevos costos legales. Para el Gobierno, la sanción representa una señal de normalización frente a acreedores externos y tribunales internacionales.
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Durante el debate, el diputado Bertie Benegas Lynch sostuvo que la Argentina tenía la oportunidad “de cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años”. También explicó que el oficialismo consideraba urgente aprobar el acuerdo por tres razones centrales: la quita obtenida, la eximición de honorarios legales y el compromiso de los acreedores de no iniciar nuevas acciones. Esa fue una de las principales líneas argumentales del bloque libertario para pedir acompañamiento en el recinto.
La diputada Silvana Giudici también respaldó el entendimiento y señaló que los fondos tenían sentencias dictadas por la Justicia de Estados Unidos. Según planteó, el acuerdo permite mejorar las condiciones frente a esas decisiones judiciales y recuperar activos vinculados a YPF. En ese sentido, afirmó que “estas acciones que tienen estos buitres van a permitir que YPF termine estando libre de cualquier otro conflicto”.
La oposición, en cambio, cuestionó el pago y el modo en que fue impulsado por el Poder Ejecutivo. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros bloques rechazaron la autorización por considerar que implicaba convalidar reclamos de fondos especulativos. También señalaron que el Gobierno priorizaba un desembolso en dólares mientras mantiene recortes y restricciones presupuestarias en otras áreas.
Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, rechazó el proyecto y apuntó contra la falta de una asignación presupuestaria específica. El legislador sostuvo que la iniciativa “carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley de Administración Financiera” y comparó ese criterio con los argumentos utilizados por el Gobierno para vetar otras leyes. Su planteo buscó marcar una contradicción entre la política fiscal invocada por el Ejecutivo y la aprobación de este gasto.
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La sanción fue posible por el acompañamiento de bloques como el PRO, la UCR, el MID, parte de Provincias Unidas, Innovación Federal, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz e Independencia. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, monobloques opositores y Elijo Catamarca. Esa distribución mostró nuevamente el esquema legislativo que el oficialismo viene utilizando para aprobar proyectos económicos sin contar con mayoría propia.
La sesión también incluyó movimientos políticos internos en La Libertad Avanza. Diputados aceptó la renuncia de Adrián Ravier, designado como vocero presidencial, y tomó juramento a Martín Matzkin como su reemplazante. El nuevo legislador, cercano a Patricia Bullrich, asumió una banca por La Pampa y ocupará su lugar hasta diciembre de 2029.
Además del acuerdo con los holdouts, la Cámara aprobó convenios internacionales con Francia, Suiza y San Marino, junto con un acuerdo vinculado a la pesca ilegal. Sin embargo, el eje político de la jornada quedó concentrado en la autorización del pago a los acreedores de la deuda de 2001. Con la sanción definitiva, el Gobierno queda habilitado a ejecutar el entendimiento y cerrar una de las derivaciones judiciales más prolongadas del default argentino.
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