Treffinger celebró el acuerdo contra la pesca ilegal y defendió la soberanía

Diputados sancionó la adhesión argentina al AMERP, una herramienta de la FAO para reforzar controles portuarios y combatir la pesca ilegal en el mar.

La Cámara de Diputados de la Nación sancionó de manera definitiva la adhesión de la Argentina al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, conocido como AMERP, una herramienta internacional destinada a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La aprobación incorpora al país a un esquema de cooperación que apunta a reforzar controles sobre embarcaciones extranjeras antes de que puedan operar en puertos nacionales. El tema fue seguido de cerca por legisladores de provincias con litoral marítimo, en un contexto de creciente preocupación por la presión pesquera en el Atlántico Sur.

El diputado nacional de La Libertad Avanza por Chubut, César Treffinger, destacó la sanción definitiva y la vinculó con la defensa de los recursos marítimos argentinos. Como presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, remarcó el trabajo legislativo realizado junto a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Según señaló, el avance cobra mayor relevancia porque el acuerdo permanecía pendiente desde hacía más de catorce años.

El AMERP busca que los Estados puedan ejercer un control más estricto sobre los buques que solicitan ingreso a puerto, especialmente cuando existan sospechas de capturas ilegales o documentación irregular. La herramienta permite reforzar inspecciones, requerir información previa y mejorar el intercambio de datos con otros países. En la práctica, apunta a impedir que el pescado obtenido de manera irregular ingrese a los circuitos comerciales formales.

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Treffinger subrayó que la aprobación del acuerdo debe leerse como una decisión vinculada con la soberanía nacional y con la protección de los recursos naturales. “No hay soberanía posible en un país que no controla sus fronteras o que permite que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada actúe con impunidad”, afirmó durante su intervención. En esa misma línea, sostuvo que el fortalecimiento de los controles portuarios es una herramienta esencial para combatir lo que definió como el saqueo del mar argentino.

El legislador también destacó la tarea realizada en comisiones para alcanzar el dictamen y llevar el tema al recinto. “Quiero destacar la celeridad con la que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, junto a la Comisión de Intereses Marítimos que me toca presidir, trabajaron para lograr el dictamen de este proyecto”, expresó. Además, remarcó que se trataba de un acuerdo internacional suscripto hace más de una década y que su tratamiento había quedado demorado.

La aprobación se produce en un escenario marcado por la presencia de flotas extranjeras en áreas próximas a la Zona Económica Exclusiva Argentina. La actividad en la llamada milla 201 suele generar preocupación por su impacto sobre especies migratorias, la competencia con la flota nacional y las dificultades de fiscalización. Aunque el AMERP no regula por sí solo la pesca en alta mar, suma una herramienta para actuar en los puertos frente a buques sospechados de operar al margen de las normas.

Treffinger planteó que la defensa de los recursos marítimos no puede quedar limitada a la adhesión formal a convenios internacionales. “Este control no se hace solo con papeles. Se hace con fuerza y tecnología”, sostuvo el diputado. En ese sentido, resaltó el rol del Comando Conjunto Marítimo y de los patrulleros oceánicos que custodian la Zona Económica Exclusiva y realizan tareas de vigilancia ante incursiones ilegales.

Otro punto central de su intervención fue la cuestión Malvinas. El diputado aclaró que la adhesión al acuerdo no modifica la posición histórica de la Argentina sobre las islas ni afecta el reclamo soberano. “Avanzamos con la certeza de que este convenio no afecta en absoluto nuestro reclamo irrenunciable sobre las Islas Malvinas”, señaló, y definió esa postura como una política de Estado que trasciende diferencias partidarias.

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La sanción del AMERP también tiene impacto sobre la actividad pesquera formal, que reclama reglas claras, trazabilidad y protección frente a la competencia desleal. Para las empresas que operan bajo normativa argentina, la pesca ilegal representa un problema económico, ambiental y laboral. La posibilidad de cerrar accesos portuarios a buques vinculados con prácticas irregulares mejora la capacidad del Estado para proteger recursos, mercados y empleo.

Treffinger sostuvo que la Argentina debe seguir incorporándose a los principales instrumentos internacionales que combaten los delitos vinculados con la explotación ilegal de los recursos pesqueros. “Existe un amplio consenso en que una Nación madura y seria tiene el deber de adherir a los estándares internacionales que combaten la delincuencia en el mar”, afirmó. Para el legislador, ese camino permite proteger recursos naturales y fortalecer la presencia soberana del país.

La implementación será ahora el desafío central. La adhesión al acuerdo abre la puerta a mayores controles, pero su efectividad dependerá de la coordinación entre organismos, la capacitación de inspectores, la disponibilidad de tecnología y la capacidad operativa en los puertos. Con la sanción definitiva, la Argentina suma una herramienta jurídica internacional para defender el Mar Argentino, aunque el resultado concreto dependerá de que esos mecanismos se traduzcan en fiscalización real.