Prisión preventiva para dos mendocinos por 832 ciberestafas a Mercado Libre

La justicia mendocina llegó a un punto de inflexión en una investigación de meses cuando un juez dictó la prisión preventiva de dos hombres identificados como los organizadores de una red de fraudes digitales.

 Los acusados son Gastón Sebastián García Soto y Marcos Agustín García Gasques, a quienes la fiscalía atribuye haber montado una estructura delictiva sistemática. La medida fue dispuesta por el juez David Mangiafico, titular del Juzgado Penal Colegiado N°2 de Mendoza.

El número que define la magnitud del caso es contundente: 832 hechos de defraudación consumados, todos en concurso real entre sí, según lo establecido por la investigación judicial. Esos fraudes se concretaban mediante el uso de datos de tarjetas de crédito y débito cuyos titulares legítimos nunca autorizaron las operaciones. La dimensión de la operatoria ubica a este expediente entre los casos de cibercrimen financiero más relevantes de la provincia.

El punto de partida fue una denuncia presentada por la propia plataforma de comercio electrónico, que detectó un patrón anómalo de consumos no reconocidos por los titulares de las tarjetas. Mercado Libre activó entonces su Área de Prevención de Fraudes para rastrear el origen de esas transacciones sospechosas. La pesquisa interna determinó que todas las operaciones provenían de direcciones IP con geolocalización en la provincia de Mendoza.

Con ese dato en la mano, la empresa trasladó la denuncia a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos del Ministerio Público Fiscal mendocino, que tomó la investigación de forma paralela. El trabajo conjunto entre la fiscalía especializada y el área de fraudes de la plataforma permitió construir una trazabilidad completa de los hechos. Semanas de seguimiento digital condujeron, el pasado 28 de abril, a la realización de allanamientos que derivaron en la detención de ambos imputados.

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Durante los procedimientos, además de las detenciones, las fuerzas de seguridad incautaron criptoactivos en poder de los acusados. Ese hallazgo sumó un elemento que los investigadores consideraron relevante para trazar el circuito económico del fraude. La presencia de activos digitales sugiere que parte de los fondos obtenidos de manera ilícita habría sido convertida en criptomonedas para dificultar su rastreo.

La imputación formal establece dos capas delictivas superpuestas: la asociación ilícita en calidad de organizadores y la defraudación masiva mediante uso indebido de datos de tarjetas. García Soto y García Gasques no solo habrían participado como ejecutores, sino que la fiscalía los señala como quienes estructuraron y condujeron la organización criminal. Esa distinción entre organizadores y coautores es jurídicamente significativa porque determina una escala de responsabilidad penal mayor.

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La decisión de otorgar prisión preventiva refleja la evaluación del juez sobre los riesgos procesales que representan los imputados. El magistrado consideró que la magnitud de los hechos y la organización delictiva que se les atribuye justifican la medida cautelar más gravosa del sistema penal. Ninguno de los dos acusados quedará en libertad mientras la causa judicial avanza hacia el juicio oral.

El caso pone de relieve la creciente complejidad de los delitos informáticos contra plataformas de e-commerce, que combinan herramientas técnicas sofisticadas con circuitos financieros que buscan ocultar el origen del dinero. La coordinación entre el sector privado y el Ministerio Público Fiscal resultó determinante para identificar a los responsables dentro de un mar de transacciones digitales. Este tipo de investigaciones requiere capacidades forenses especializadas que la fiscalía provincial fue desarrollando en los últimos años.

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Con las dos detenciones preventivas confirmadas, el expediente ingresa ahora en la fase de preparación del juicio oral. La causa acumula 832 hechos delictivos que deberán ser sustanciados ante el tribunal, una carga procesal de envergadura que anticipa un debate extenso. El resultado final determinará la condena o absolución de dos hombres a quienes la fiscalía responsabiliza de haber vaciado, de a poco pero de manera masiva, cientos de cuentas de tarjetas ajenas.