La disputa por los bienes de YPF suma tensión política antes del debate en la Legislatura

La inminente discusión legislativa sobre el acuerdo entre YPF y el Gobierno de Chubut abrió un nuevo capítulo de la disputa política entre la administración provincial y el municipio de Comodoro Rivadavia. Mientras el debate público también incluye la cuestión de los pasivos ambientales, el destino de los inmuebles, vehículos y espacios históricos que deja la petrolera concentra buena parte de la confrontación entre ambos sectores.

La provincia sostiene que esos bienes deben transferirse mediante una ley para garantizar que queden en manos de instituciones de la comunidad. En cambio, el peronismo comodorense considera que corresponde que sean administrados por el municipio. Esa diferencia anticipa una discusión que excede lo patrimonial y se proyecta sobre el plano político e institucional.

El gobernador Ignacio Torres reunió durante el fin de semana a representantes de clubes e instituciones deportivas que actualmente utilizan parte de esas instalaciones. En ese encuentro ratificó la postura oficial y aseguró: “Venimos a garantizar que esos bienes vayan adonde tienen que ir y que todo se haga por ley, como corresponde, y sin intermediarios”.

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Del otro lado, el intendente Othar Macharashvili, acompañado por dirigentes como Juan Pablo Luque y Carlos Linares, rechaza el convenio firmado entre la Provincia e YPF. El sector sostiene que impulsará acciones judiciales tanto por la cesión de los bienes como por el tratamiento de los pasivos ambientales incluidos en el acuerdo.

La controversia también revive antecedentes históricos. Durante una reunión del peronismo comodorense se exhibió un convenio firmado en 1995 mediante el cual YPF transfirió al municipio distintos espacios emblemáticos, entre ellos el Chalet Huergo, clubes deportivos, uniones vecinales y otros inmuebles que marcaron durante décadas la vida social de la ciudad. Ese documento es utilizado como uno de los argumentos para sostener el reclamo municipal.

Desde el Gobierno provincial descartan que los inmuebles sean entregados a la Municipalidad. La intención oficial consiste en formalizar la cesión directamente a clubes, entidades e instituciones mediante una norma que acompañe la aprobación del acuerdo con la petrolera en la Legislatura. Según la información disponible, el oficialismo considera que reúne los votos necesarios para impulsar ambas iniciativas.

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En paralelo, la discusión mantiene un fuerte componente social porque muchos de los edificios involucrados forman parte de la memoria colectiva de Comodoro Rivadavia. Clubes deportivos, predios recreativos, la antigua Proveeduría Central y otros espacios vinculados durante décadas con YPF representan un patrimonio que distintas generaciones identifican con la historia de la ciudad.

El escenario también incorpora el debate por los pasivos ambientales. El convenio establece que la provincia acepta las condiciones de cesión de las áreas petroleras, incluyendo los pasivos existentes, futuros o en curso, además de comprometerse a no formular reclamos ambientales una vez que el acuerdo obtenga la aprobación legislativa. Ese punto constituye uno de los principales cuestionamientos del peronismo comodorense.

Con ese panorama, la sesión prevista en la Legislatura provincial aparece como el próximo capítulo de un conflicto que combina cuestiones jurídicas, patrimoniales, ambientales y políticas. El resultado no solo definirá el destino de los bienes que deja YPF, sino también el rumbo de una disputa que volvió a instalar las diferencias entre el Gobierno provincial y los principales referentes políticos de Comodoro Rivadavia.