Hubo negligencias en las muertes de bebés en hospital público patagónico

El juez penal Carlos Albarracín apartó al centro de salud como querellante tras comprobarse que sus interrogatorios intimidaban a los empleados convocados a declarar.

El Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de El Calafate retiró formalmente la condición de querellante al Hospital SAMIC en la causa que investiga el fallecimiento de dos recién nacidos en su Servicio de Neonatología. La resolución del magistrado Carlos Albarracín busca resguardar la libertad de los trabajadores sanitarios citados como testigos, frente a maniobras corporativas que amenazaban con paralizar las declaraciones por temor a represalias internas. El dictamen judicial, que ahora espera una probable revisión en la Cámara de Apelaciones, redefine el mapa de actores dentro de un expediente que avanza sin imputaciones formales pero con un fuerte conflicto de intereses institucionales.

Las alarmas de los representantes legales de las familias damnificadas reaccionaron al constatar que la dirección del centro asistencial pretendía utilizar las audiencias penales para motorizar sanciones disciplinarias hacia su propio personal. Las actas judiciales reflejan que los abogados del establecimiento enfocaban sus preguntas en detectar faltas administrativas laborales en lugar de cooperar con el esclarecimiento de las muertes biológicas. Esta distorsión del rol procesal motivó una presentación de urgencia para frenar los sumarios internos que el SAMIC planeaba aplicar a quienes dieran detalles sobre el funcionamiento del área de cuidados intensivos.

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La tensión entre la institución médica y la querella técnica venía acumulándose desde las primeras medidas de prueba ejecutadas en el edificio sanitario. Mientras las gacetillas de prensa del centro médico aseguraban públicamente una supuesta entrega voluntaria de documentación sensible, los registros del expediente confirman que los papeles se consiguieron mediante una orden de allanamiento forzado. El abogado Ignacio Alcántara ventiló estas discrepancias operativas en declaraciones a la emisora FM Dimensión, donde justificó la necesidad de aislar al hospital de la estrategia acusatoria principal.

El abogado patrocinante detalló las razones del cambio de postura frente al rol que inicialmente desempeñaban las autoridades del SAMIC en los tribunales santacruceños. "En un principio nos parecía válido, siempre y cuando se demostrara una intención concreta de colaborar con la investigación", argumentó el letrado penalista al repasar las fricciones que se dieron durante las testimoniales cruzadas. La preocupación central radicaba en que el miedo a perder el puesto de trabajo generara un pacto de silencio generalizado entre los enfermeros y médicos de guardia.

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El cronograma de audiencias en la sede del juzgado continúa desarrollándose a ritmo acelerado bajo la supervisión de la fiscal de instrucción Natalia Mercado. Los testimonios recogidos durante las últimas jornadas apuntalan, según la visión de las familias, la teoría de una cadena de omisiones graves dentro del sector de neonatología. La reconstrucción histórica del protocolo de atención médica utilizado con los dos recién nacidos constituye el paso previo obligatorio que exige la fiscalía antes de evaluar eventuales llamados a indagatoria.

La complejidad de la investigación científica se incrementa debido a que los dos lactantes fallecidos tuvieron destinos funerarios diferentes tras los decesos. Los peritos forenses avanzan en el análisis de un cuerpo que requirió una orden de exhumación en el cementerio local, mientras que en el segundo caso los estudios deben realizarse de forma indirecta por haberse completado un proceso de cremación. La recopilación de las historias clínicas originales y los informes de laboratorio anexados tras los operativos policiales sirven como insumo para suplir la falta de material biológico en uno de los hechos denunciados.

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Las familias de las víctimas mantienen una postura de extrema cautela respecto a los tiempos técnicos que demanda la confección de los informes patológicos definitivos. Los asesores legales descartaron la presentación de plazos perentorios o intimaciones judiciales dirigidas a los encargados de las autopsias complementarias. Los profesionales del derecho consideran fundamental que los integrantes del Cuerpo Médico Forense trabajen sin presiones políticas ni administrativas para asegurar la validez legal de las conclusiones científicas que se incorporen próximamente al expediente central.

Las declaraciones recabadas hasta el momento no modificaron la hipótesis criminal con la que se inició la denuncia penal contra el nosocomio de alta complejidad. "Tenemos una convicción formada de que hubo, por lo menos, una negligencia importante en todo el proceso de atención que terminó con la muerte de los bebés. Esa convicción sigue intacta y nada de lo declarado hasta ahora nos hizo cambiar esa postura", concluyó el abogado Alcántara al ratificar que los elementos acumulados confirman un esquema de mala praxis operativa. 

Fuente: Ahora Calafate, La opinión Austral