La Cámara Federal ordenó indagar a los hijos de Lázaro Báez por esconder cuentas en las Bahamas

El tribunal de Comodoro Rivadavia destrabó el expediente por evasión agravada antes de que prescribiera y fijó las audiencias para agosto.

El calendario de los tribunales federales del sur del país agendó formalmente el llamado a declaración indagatoria para los dos principales herederos del emporio vial santacruceño. Los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reactivaron las actuaciones penales por evasión tributaria agravada y simple correspondientes al período fiscal 2019. La medida judicial interrumpe el proceso de prescripción de la deuda tras convalidarse una apelación del fiscal César Zárate contra las dilaciones iniciales del organismo recaudador.

Los imputados Martín Antonio Báez y Leandro Antonio Báez deberán presentarse ante el juzgado durante la mañana del próximo 6 de agosto. Las pericias internacionales coordinadas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectaron que los hermanos administraban dos cuentas bancarias ocultas bajo la numeración 590201 y 590207 en la entidad CBH Bahamas Limited con sede en Nassau. Los fondos resguardados en la filial del banco suizo CBH Compagnie Bancaire Helvétique ascendían a poco menos de 2,3 millones de francos suizos, el equivalente a 2,6 millones de dólares.

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La operatoria de ocultamiento financiero utilizaba como pantalla jurídica a la firma offshore Eastern Shoreline Limited, una estructura utilizada históricamente para canalizar más de 10 millones de dólares hacia el Caribe. Los hermanos Báez mantuvieron la titularidad compartida de estas colocaciones en el exterior desde el año 2015 de forma paralela a los procesos judiciales en Buenos Aires. Las autoridades aduaneras comprobaron la ausencia total de declaraciones juradas impositivas sobre estos activos financieros durante los ejercicios auditados de la última década.

Las intimaciones técnicas desglosadas en la requisitoria judicial precisan que Martín Báez omitió ingresar de manera deliberada la suma de 54.664.482,29 pesos correspondiente al Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2019. El requerimiento del Ministerio Público detalla asimismo una evasión de 3.446.117,90 pesos en el Impuesto a los Bienes Personales del mismo período. El desglose de los cargos penales aplica las escalas de punibilidad que sufrieron modificaciones recientes bajo los criterios tributarios fijados por el gobierno de Javier Milei.

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La acusación formulada contra Leandro Báez repite los mismos lineamientos del fraude fiscal con diferencias menores en las liquidaciones físicas del patrimonio declarado ante las agencias estatales. El reclamo pendiente por Bienes Personales se estableció en 3.211.899,90 pesos tras cruzarse los datos patrimoniales remanentes en las bases de datos de la delegación Río Gallegos. Las defensas de los empresarios no pudieron justificar las inconsistencias contables originadas por la falta de presentaciones formales en los plazos fijados por la normativa.

Las demoras injustificadas en la tramitación interna de estas multas provocaron una purga drástica de funcionarios jerárquicos en las dependencias regionales de la Patagonia. La dirección central dispuso la remoción inmediata de María Victoria Chaves de la Jefatura Interina de la Sección Recaudación de Río Gallegos y de las autoridades de la Oficina Jurídica de Comodoro Rivadavia. Las remociones publicadas en el Boletín Oficial alcanzaron también a la abogada Gloria Regina Inojosa, señalada internamente por sus vinculaciones políticas directas con el entorno familiar kirchnerista.

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Los auditores de la Dirección General Impositiva (DGI) detectaron que las jefaturas desplazadas cajoneaban los expedientes de fiscalización para favorecer el vencimiento de los plazos legales de persecución penal. El descabezamiento de las agencias patagónicas permitió reactivar las demandas patrimoniales remanentes que amenazaban con quedar impunes por los plazos de caducidad. Las pericias caligráficas y los informes de los bancos extranjeros fueron adosados a la resolución que firmaron los camaristas el pasado 22 de junio.

El equipo jurídico de ARCA coordina las próximas solicitudes impositivas enfocadas en los períodos fiscales que abarcan desde el año 2020 hasta la actualidad. Los inspectores estiman que el volumen consolidado del fraude impositivo perpetrado por los hermanos Báez superará la barrera de los 500 millones de pesos cuando concluyan los arqueos de caja pendientes. Las pesquisas buscan identificar si los flujos monetarios caribeños continuaron registrando giros comerciales durante las etapas en que se sustanciaba el juicio por lavado de dinero.

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Las audiencias presenciales de agosto abrirán el período de defensa material donde los acusados deberán justificar la procedencia de los fondos remanentes en las Bahamas. El juzgado de primera instancia aguarda la recopilación de los informes bancarios suizos complementarios para establecer si existieron maniobras de reventa de activos o transferencias cruzadas hacia terceras firmas fantasmas. El avance de la causa penal mantiene congelados los saldos de las cuentas caribeñas mientras se define el cobro de los tributos adeudados a la recaudación nacional.

Fuente: Clarín