El gremio denunció que las desvinculaciones afectan a personal especializado con antigüedad y acusó al Gobierno de intentar desmantelar el organismo.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) inició una permanencia en la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tras la notificación de despidos que alcanzaron a 100 trabajadores. El gremio, que se posiciona como uno de los sectores más críticos frente a la gestión nacional, sostiene que las desvinculaciones impactan directamente en áreas estratégicas del desarrollo nuclear del país.
El colectivo sindical, encabezado por Rodolfo Aguiar, denunció que las bajas afectan a un perfil de personal con alta calificación, incluyendo profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad. Según el comunicado del gremio, estas personas son quienes sostienen las áreas críticas de la institución, por lo que la medida es vista como un golpe a la estructura operativa del organismo.
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Desde la organización gremial acusaron al oficialismo de ejecutar una estrategia de "vaciar el órgano para rematarlo", vinculando los despidos con un posible intento de desmantelamiento para la privatización de la entidad. ATE sostiene que Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur con energía eléctrica por vía nuclear y que las acciones actuales ponen en riesgo ese proyecto soberano.
La protesta se desarrolla bajo una modalidad de permanencia "pacífica" en el edificio, mientras el gremio exige explicaciones inmediatas a las autoridades por las cesantías. Los referentes de ATE señalaron que los responsables se encuentran "escondidos y evitan dar la cara ante los trabajadores", mientras el titular de la CNEA, Martín Porro, no ha emitido una respuesta oficial al reclamo y permanece en su puesto de trabajo.
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El sindicato advirtió que las medidas de fuerza no se limitan a la sede central, sino que se están extendiendo por todo el territorio nacional. "Se multiplican en las sedes del organismo en todo el país", detallaron desde la organización, que ya puso las protestas a la orden del día como método de presión frente a la situación laboral.
En su reclamo, el gremio calificó las acciones del Gobierno como una "nueva canallada" y denunció que las desvinculaciones ocurren al margen de la normativa vigente. Argumentaron que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza el derecho a la estabilidad laboral en el Estado, por lo que advirtieron que las autoridades podrían enfrentar consecuencias legales.
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La postura de ATE es tajante respecto a la legalidad de los despidos, afirmando que "Están incurriendo en una ilegalidad manifiesta". El gremio concluyó su denuncia advirtiendo que, de persistir con estas medidas, los responsables podrían terminar en una situación judicial: "¡Van a terminar todos presos!".
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