Confirman fallas del Fuero de Familia judicial de Chubut en el caso Ángel

El informe oficial determinó que el organismo cuenta con los recursos necesarios pero expuso demoras organizativas y diagnósticos superficiales.

Las deficiencias en el tratamiento de las causas complejas del Fuero de Familia de Chubut no responden a una escasez de presupuesto ni a limitaciones de infraestructura edilicia. El relevamiento técnico ordenado por el Superior Tribunal de Justicia concluyó que el área cuenta con los elementos materiales, los vehículos y el personal necesario para cumplir sus tareas de evaluación. Los problemas detectados se concentran de manera exclusiva en los métodos de organización del trabajo y en la articulación de los dictámenes profesionales que emiten los peritos.

Los resultados de la inspección interna arrojaron inconsistencias severas en los tiempos de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad extrema dentro de los hogares. Para la sociedad un desvío puede traducirse en informes tardíos, en revictimización o en diagnósticos superficiales, detallaron los responsables de coordinar la evaluación de los procesos. Los peritajes deficientes terminan afectando de forma directa las resoluciones que adoptan los magistrados en los expedientes de guarda y custodia.

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Las autoridades encargadas del control institucional evitaron focalizar el dictamen final en el desempeño de agentes individuales, priorizando la revisión de los circuitos de comunicación interna. El análisis determinó que las fallas de coordinación administrativa dilataban la concreción de los informes vecinales esenciales para las causas de revinculación. El equipo técnico interdisciplinario cuenta, desde hace varios años, con los recursos humanos, materiales y de gestión necesarios, remarcaron las conclusiones presentadas ante la prensa local.

Las auditorías sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) adquirieron un carácter de urgencia institucional a raíz de la muerte de Ángel López, el menor que falleció luego de regresar con su progenitora. La pérdida del niño de seis años intensificó las demandas de los profesionales del derecho y de los auxiliares de la justicia ordinaria sobre el desempeño del fuero. Esto surge con posterioridad al caso Ángel y con motivo de los cuestionamientos que existían dentro de la comunidad, admitieron las fuentes judiciales intervinientes.

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La recopilación de datos incluyó entrevistas exhaustivas con defensores oficiales, asesores de familia y representantes de los Colegios de Psicólogos y Trabajadores Sociales de la zona sur. La presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Comodoro Rivadavia, María Marta Nieto, asumió la dirección visible del proceso de relevamiento por disposición del tribunal máximo. Las quejas de los abogados particulares respecto a la superficialidad de las pericias psicológicas actuaron como un indicador de las fallas del sistema.

La intervención del Superior Tribunal de Justicia se formalizó a través de un acuerdo plenario dictado el pasado 14 de abril, estableciendo un plazo de sesenta días para finalizar la auditoría de las oficinas de familia. La medida apuntó a dar respuesta a un malestar estructural que afectaba la credibilidad del servicio de justicia ante denuncias reiteradas de maltrato infantil. Los evaluadores técnicos inspeccionaron sistemas informáticos, licencias del personal y la disponibilidad del parque automotor destinado a los relevamientos habitacionales.

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Los funcionarios judiciales justificaron la aplicación de metodologías específicas de control debido a la naturaleza sensible de las temáticas que tramitan diariamente en esas dependencias públicas. En los despachos oficiales se remarcó que la tarea presentaba complejidades particulares dado que ahí no solamente se gestionan expedientes, se gestionan crisis humanas, violencias, derechos de niños, niñas y adolescentes. La profundidad de las problemáticas familiares demandaba un estándar de rigurosidad técnica superior al registrado en las planillas auditadas.

La presentación pública de las conclusiones del informe oficial coincidió con manifestaciones de protesta en las inmediaciones del edificio donde se asientan las fiscalías y los juzgados de Comodoro Rivadavia. Lorena Andrade, calificada como la mamá del corazón de Ángel, encabezó el reclamo callejero exigiendo celeridad en las causas que investigan las responsabilidades civiles de los funcionarios intervinientes. La mujer intentó ingresar de forma directa al salón de conferencias para escuchar el informe de los magistrados, pero el personal de custodia bloqueó el acceso.

Fuente: ElPatagónico, La Opinión Austral