La Secretaría de Trabajo judicializa la falta de reconocimiento al cargo de Barrionuevo

El Gobierno nacional apeló ante la Corte Suprema para evitar la entrega del certificado de autoridades del dirigente de la UTHGRA.

La Secretaría de Trabajo de la Nación, bajo la gestión de Julio Cordero, inició una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia para frenar el reconocimiento legal de la conducción de Luis Barrionuevo en la UTHGRA. El organismo, que depende del ministerio de Capital Humano, busca invalidar una medida cautelar que obligaba a la cartera laboral a entregar el certificado de autoridades del gremio gastronómico.

La medida legal fue impulsada por María Fernanda Penas, abogada de la Secretaría, mediante un recurso de inconstitucionalidad. La presentación judicial sostiene que la orden de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Trabajo vulnera la ley 7 26854, los artículos 195 y 230 del CPCC, la ley 23551, el Decreto 8 PEN 342/25 y la Ley 26944 de Responsabilidad Estatal. Ante el pedido de información, la cartera laboral se negó a dar declaraciones, manifestando que "está todo judicializado, no vamos a hablar".

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Esta resistencia administrativa se produce luego de que el juez Julio Grisolía dejara sin reconocimiento legal a la conducción de Barrionuevo el pasado 24 de junio. El magistrado no avaló la votación realizada en diciembre para el mandato que llegaría hasta 2029, dejando en una situación de incertidumbre la dirección del gremio que el dirigente lidera desde hace 41 años. La decisión judicial pone en jaque la legitimidad del proceso electoral que la oposición calificó como irregular.

Diversos dirigentes señalaron graves inconsistencias en la participación del padrón electoral durante la última elección. Se denunció que no participaron los 150 mil trabajadores que reclamaba el dirigente, ya que los registros de ARCA solo muestran a 132 empleados con más de 6 meses de antigüedad en condiciones de votar en la actividad gastronómica. En la seccional de Mar del Plata, el contraste fue marcado: el año pasado votaron 8 mil personas, cuando en el proceso anterior, con dos listas, el número fue de 800.

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La disputa actual también tiene raíces en el quiebre de la relación política entre Luis Barrionuevo y Javier Milei. Durante 2023, antes de las elecciones generales, ambos habían pactado que el gremio aportaría afiliados para la fiscalización. Sin embargo, la relación se fracturó tras las primarias de La Libertad Avanza, cuando el partido comenzó a acusar al dirigente de haber incumplido los acuerdos establecidos.

En aquel momento, voces dentro del campamento libertario afirmaron que "no cumplió con lo pactado, nos traicionó". Esta situación provocó que el entonces diputado nacional se desmarcara del partido, dejando la relación totalmente resquebrajada. Hoy, ese conflicto político se traduce en una batalla jurídica donde el Estado nacional se opone a validar el último proceso electoral del gremio.

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