
Cuatro policías van a juicio por robar dólares a las víctimas de los terremotos
Actualidad02/07/2026
REDACCIÓNLos integrantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela terminaron tras las rejas luego de ser sorprendidos quedándose con dinero en efectivo en las zonas de desastre.

Las detenciones se concretaron en la región costera de La Guaira, el punto más golpeado por el doble sismo que causó miles de fallecidos en el país caribeño. La filtración de las imágenes donde se observa el saqueo de los bienes particulares derivó en la expulsión fulminante de los uniformados y el inicio de un proceso penal inmediato.
La jefatura de la fuerza civil tomó la determinación de remover de sus cargos a los involucrados de manera previa a la presentación de los cargos ante los tribunales correspondientes. Las filmaciones obtenidas en el terreno muestran el momento exacto en que uno de los efectivos ocultaba los billetes norteamericanos que se encontraban esparcidos entre las estructuras colapsadas. El accionar delictivo se ejecutaba en paralelo a las tareas que realizaban las brigadas internacionales para localizar sobrevivientes atrapados.


El director de la institución de investigaciones, Douglas Rico, ratificó la medida disciplinaria mediante un pronunciamiento oficial donde detalló las anomalías detectadas en el comportamiento del personal asignado a la emergencia. “Estos funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, precisó la autoridad civil. Los imputados perdieron sus fueros y esperan las audiencias de presentación en establecimientos de detención provisoria.
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La reacción de los habitantes de las localidades afectadas por los sismos incluyó protestas y agresiones directas hacia las patrullas que recorrían los vecindarios en ruinas de Caraballeda. Varios grupos de vecinos interceptaron a uno de los sospechosos para exigirle la devolución del dinero sustraído de las propiedades destruidas. En medio de los reclamos, los residentes destruyeron parte de los billetes recuperados para evitar que los efectivos volvieran a guardárselos en los bolsillos del uniforme oficial.
La confrontación por la conducta de las fuerzas de seguridad ingresó rápidamente en la disputa partidaria entre el oficialismo y los sectores de la oposición venezolana. Los representantes del partido Primero Justicia utilizaron el hecho para denunciar fallas estructurales en la selección y control del personal estatal desplegado en el norte del territorio. Los dirigentes opositores señalaron que los agentes buscaron enriquecerse con la tragedia en lugar de concentrar sus esfuerzos en la preservación de la vida de los damnificados.
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Las tareas de asistencia logística y el reconocimiento de los cuerpos en las morgues provisorias de Caracas se ven salpicadas por este escándalo administrativo en el área de seguridad. Los rescatistas extranjeros manifestaron su malestar por tener que compartir los sectores de búsqueda con personal sospechado de cometer delitos contra la propiedad. El despliegue de ayuda humanitaria continúa bajo un clima de desconfianza civil respecto a la custodia de las pertenencias que aún quedan en las viviendas agrietadas.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, recurrió a sus canales oficiales de comunicación para fijar la postura del Poder Ejecutivo ante la repercusión internacional que alcanzaron las filmaciones. El funcionario calificó el comportamiento de los ahora exmiembros de la policía científica como actos impúdicos e inmorales que recibirán las penas máximas previstas en el código penal. La directiva ministerial ordena acelerar los sumarios de cualquier efectivo que muestre conductas alejadas de las guías de asistencia comunitaria.
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“Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”, aseveró Diosdado Cabello en un mensaje destinado a calmar las protestas en las calles. Las auditorías sobre el personal del organismo de investigaciones se extendieron a otras divisiones operativas que operan en Caraballeda.
El proceso de enjuiciamiento de los cuatro sospechosos avanza de forma diferenciada a las tareas de remoción de materiales pesados que coordinan las agencias de defensa civil. Las autoridades judiciales intentan determinar si existía una red organizada para el acopio de valores o si se trató de decisiones individuales tomadas durante las recorridas nocturnas. El descrédito institucional complica el panorama de contención social en una región que depende por completo de la asistencia estatal para iniciar la reconstrucción.
Fuente: Clarín














