Rescataron a ocho mujeres de una red que las engañaba con empleos falsos

La PFA hizo siete allanamientos en Buenos Aires y Tucumán, detuvo a cinco personas y secuestró celulares, computadoras y documentación.

Una falsa oferta de trabajo habría sido la puerta de entrada a una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba entre Tucumán y el Área Metropolitana de Buenos Aires. La investigación permitió rescatar a ocho mujeres y detener a cinco personas. El caso expuso una modalidad sostenida sobre el engaño, el traslado de víctimas y el uso de departamentos temporarios para dificultar los controles.

El operativo fue impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. La pesquisa se extendió durante varios meses y combinó tareas de inteligencia, análisis de dispositivos electrónicos y medidas judiciales. El resultado fue una serie de allanamientos simultáneos en Buenos Aires y Tucumán.

El primer indicio apareció en agosto de 2025, cuando personal del Departamento Trata de Personas de la PFA detectó la llegada de dos mujeres a la Terminal de Ómnibus de Retiro. Ambas provenían de Tucumán y una de ellas tenía una solicitud de paradero vigente, denunciada por sus familiares. Esa situación activó el Protocolo de Alerta Temprana y abrió la intervención de equipos especializados en asistencia a víctimas.

Las entrevistas realizadas después de esa alerta permitieron advertir indicadores compatibles con el delito de trata. Según la investigación, una de las mujeres habría sido captada mediante una propuesta laboral falsa y trasladada al AMBA. Ese traslado no era un episodio aislado, sino parte de una estructura que habría repetido el mismo mecanismo con otras víctimas en situación de vulnerabilidad.

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La causa avanzó con el secuestro y peritaje de dispositivos electrónicos. Ese material permitió reconstruir contactos, movimientos y posibles roles dentro de la organización. Para los investigadores, la evidencia digital resultó decisiva para identificar a quienes captaban, trasladaban y coordinaban la explotación.

Durante la pesquisa también se utilizó la figura del Agente Revelador Digital, un recurso especial para investigaciones complejas. Esa herramienta ayudó a confirmar la modalidad con la que la red operaba en plataformas y canales de contacto. El objetivo era reunir prueba sin exponer a nuevas víctimas ni frustrar la investigación.

De acuerdo con el expediente, la organización captaba mujeres en distintas provincias y las trasladaba hacia la Ciudad de Buenos Aires. Allí, las víctimas eran llevadas a departamentos de alquiler temporario. Esa modalidad habría sido elegida para cambiar de lugar con facilidad, reducir la exposición y esquivar controles.

En Tucumán, la estructura contaba con una mujer que habría cumplido el rol de captadora. También se identificó a un hombre señalado como encargado de los traslados, ya fuera en vehículo particular o mediante transporte de larga distancia. El circuito terminaba en Buenos Aires, donde las mujeres eran sometidas a explotación.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, ordenó siete allanamientos. Los procedimientos se realizaron en Villa Tesei, Castelar, el barrio porteño de Palermo y Yerba Buena, en Tucumán. La Secretaría N° 13, a cargo de Santiago Maldonado, intervino en las medidas.

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En los operativos, la Policía Federal rescató a ocho mujeres y detuvo a cinco personas. Entre los arrestados hay tres mujeres, dos de nacionalidad colombiana y una argentina, y dos hombres venezolanos. Todos quedaron a disposición del juzgado interviniente.

Los agentes secuestraron teléfonos celulares, dos notebooks, varias CPU, tarjetas SIM, seis cuadernos con anotaciones y otros elementos considerados relevantes. Ese material será analizado para determinar la extensión de la red, los contactos entre sus integrantes y la posible existencia de otras víctimas. También permitirá establecer si hubo movimientos de dinero vinculados a la explotación.

La causa continuará bajo la figura de infracción a la Ley 26.842, que sanciona la trata de personas y contempla la asistencia a las víctimas. El avance de la investigación dependerá ahora del análisis de la prueba secuestrada y de las medidas que disponga el juzgado. Mientras tanto, las ocho mujeres rescatadas quedaron bajo intervención de equipos especializados para recibir acompañamiento y protección.