La causa contra Alberto Fernández entra en una etapa decisiva pese a nuevos puntos pendientes

La Cámara Federal confirmó la validez de las actuaciones realizadas hasta ahora y dejó el expediente en condiciones de acercarse al juicio oral, aunque dos jueces pidieron incorporar nuevas medidas antes de revisar nuevamente la situación procesal del expresidente.

El expediente por presunta violencia de género contra Alberto Fernández quedó más cerca de una definición judicial después de que la Sala I de la Cámara Federal descartara un nuevo intento de la defensa para invalidar el proceso. La resolución mantuvo en pie todas las actuaciones realizadas hasta el momento y consolidó la continuidad de una investigación que, pese a algunos aspectos aún abiertos, se aproxima a la instancia de juicio oral.

El fallo no cerró todos los debates dentro del tribunal. Dos de los tres camaristas entendieron que todavía corresponde producir nuevas medidas de prueba y señalaron que, una vez incorporadas, será necesario volver a evaluar la situación procesal del exmandatario. Esa decisión preservó el expediente, aunque dejó abierta una instancia adicional antes de que el proceso avance definitivamente.

La estrategia defensiva se apoyó en un argumento puntual: la salida del juez Julián Ercolini de la causa por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Para los abogados del expresidente, ese apartamiento debía impactar sobre todo el trámite previo y justificar la nulidad de las actuaciones. El planteo también recordó la relación académica que existía entre Ercolini y Fernández durante su paso como docentes en la Universidad de Buenos Aires.

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Los camaristas descartaron esa interpretación al considerar que la propia resolución de Casación había fijado un límite claro respecto de los efectos del apartamiento. El tribunal sostuvo que la remoción del magistrado no anulaba el trabajo ya realizado dentro del expediente y que la investigación conservaba plena validez jurídica para continuar su curso.

El juez Eduardo Farah expresó ese criterio en uno de los votos incorporados al fallo. "La respuesta a las objeciones de Fernández está dada en el mismo fallo de la Casación, que puso expresamente un límite a las consecuencias procesales del apartamiento decidido, consignando que ello era sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos", sostuvo el magistrado al fundamentar el rechazo al planteo de la defensa.

La investigación ya había atravesado una etapa determinante cuando el fiscal Ramiro González solicitó su elevación a juicio oral en agosto del año pasado. Sin embargo, distintos recursos impulsados por la defensa y el posterior reemplazo del juez instructor modificaron los tiempos previstos para el expediente. Ese cambio llevó la causa al juzgado de Daniel Rafecas, quien asumió la continuidad del trámite.

El proceso judicial tiene su origen en un expediente diferente. La denuncia por presunta violencia de género surgió como un desprendimiento de la investigación conocida como "Seguros", donde se analizan supuestas irregularidades en contrataciones estatales durante la gestión presidencial de Fernández. A partir de esa pesquisa, los investigadores secuestraron el teléfono celular de María Cantero, exsecretaria del entonces presidente.

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Del análisis de ese dispositivo surgieron conversaciones que hacían referencia a posibles episodios de violencia contra Fabiola Yañez. Luego de que ese material adquiriera estado público, la ex primera dama promovió una denuncia penal que dio origen al expediente actual. Con el correr de los meses también trascendieron fotografías, audios y conversaciones, mientras ambas partes mantuvieron acusaciones cruzadas fuera de los tribunales.

La causa investiga dos presuntos hechos concretos de violencia física. Uno de ellos corresponde a un golpe que habría provocado una lesión en la zona del ojo de Yañez. El restante refiere a un episodio de forcejeo o agresión que, según la investigación, le produjo hematomas en uno de sus brazos.

La resolución conocida este miércoles despejó el principal obstáculo planteado por la defensa respecto de la validez del expediente, aunque no clausuró por completo la discusión procesal. Las nuevas medidas de prueba que reclamaron dos integrantes de la Cámara podrían influir sobre los próximos pasos del caso y definir los tiempos con los que finalmente la causa llegue —o no— a la instancia de juicio oral.