El Gobierno prepara una reforma que puede cambiar el transporte de cargas en todo el país

El Gobierno nacional trabaja en un proyecto de ley que podría modificar de manera profunda el sistema de transporte de cargas en la Argentina. La iniciativa apunta a reformar el régimen de cabotaje para ampliar la competencia entre operadores y promover un mayor uso de la navegación fluvial y marítima como alternativa al transporte terrestre.

La propuesta forma parte del paquete de desregulación que elaboran el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según la visión oficial, el país aprovecha poco su infraestructura portuaria y fluvial para trasladar mercaderías entre puertos nacionales, mientras gran parte de la producción continúa dependiendo del transporte por camión.

Con la reforma, el Ejecutivo busca incentivar una mayor participación del transporte por agua para reducir costos logísticos y ampliar las opciones disponibles para las empresas. En ese sentido, considera que la Hidrovía Paraná-Paraguay representa un activo con mayor potencial para el movimiento de cargas internas.

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Uno de los cambios centrales del proyecto consiste en flexibilizar el régimen de cabotaje, permitiendo que embarcaciones de bandera extranjera, junto con sus tripulaciones, puedan prestar servicios de transporte de mercaderías entre puertos argentinos, tanto en la navegación marítima como en la fluvial.

Desde el Gobierno sostienen que una mayor competencia entre operadores podría generar una baja en los costos del transporte, en una estrategia similar a la apertura aplicada años atrás en el mercado aerocomercial. La expectativa oficial es que esa competencia contribuya a mejorar la eficiencia logística del país.

La iniciativa también incorpora modificaciones para el régimen de los prácticos, los profesionales que asisten a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los puertos argentinos. El objetivo es introducir cambios en un esquema considerado estratégico para la operatoria portuaria.

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Otro de los aspectos más sensibles del proyecto involucra a la marina mercante nacional. La propuesta establece que los buques extranjeros operarían bajo la legislación correspondiente a su país de matrícula, lo que implica diferencias en materia laboral, tributaria y registral respecto del régimen que hoy rige para las embarcaciones argentinas.

Ese punto anticipa una discusión con empresas navieras, sindicatos marítimos y otros sectores vinculados a la actividad, que históricamente defendieron la prioridad de la bandera nacional para el transporte de cargas entre puertos del país.

La reforma también podría modificar la distribución del transporte de mercaderías. Si aumenta la utilización de la vía fluvial y marítima, parte de los recorridos que actualmente realizan los camiones podrían trasladarse hacia los barcos, alterando la estructura logística vigente.

El proyecto todavía no ingresó al Congreso, pero figura entre las principales iniciativas del programa de desregulación impulsado por el Gobierno. Además de la reforma del cabotaje, el paquete incluye cambios para la Superintendencia de Seguros de la Nación, orientados a concentrar los controles en la solvencia financiera de las compañías y reducir las regulaciones administrativas sobre el sector.