Disputa oficialista expone polémica por proyecto de tierras y propiedad privada
Política16/07/2026
REDACCIÓNVictoria Villarruel y Patricia Bullrich se enfrentaron por la iniciativa de eliminar restricciones a la compra de tierras por extranjeros.
Un aspecto controvertido del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada establece que las operaciones de compra de tierras rurales por extranjeros quedarán autorizadas si las autoridades nacionales y provinciales no presentan objeciones dentro de los 180 días. Esta cláusula de silencio administrativo implica que, sin respuesta explícita, los compradores pasarán a ser propietarios de pleno derecho de los inmuebles. El debate sobre esta iniciativa generó una fuerte tensión en el seno del oficialismo, con acusaciones cruzadas de alto impacto político.
El foco de la discusión pública se centró en el tenso cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Ambas dirigentes se enfrentaron por la aprobación del proyecto que, entre otras cosas, modifica las reglas para la adquisición de tierras rurales por parte de actores foráneos. Villarruel acusó a Bullrich de impulsar una sesión para «vender el país» mediante esta iniciativa.
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El conflicto se desencadenó a través de mensajes de WhatsApp luego del triunfo de la Selección argentina en el Mundial 2026 y su clasificación a la final. Villarruel propuso postergar la sesión prevista para este jueves, cuestionando: «¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?». La senadora Bullrich respondió brevemente y sin dudarlo que la sesión debía llevarse a cabo «para festejarlo».
La vicepresidenta redobló sus objeciones, afirmando que su par en el Senado pretendía reunirse «para vender el país» y que ningún legislador quería votar «una ley que es indignante por el capítulo de tierras». Además, Villarruel sentenció que con esas políticas de apertura a la venta de tierras «cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada». Bullrich, por su parte, negó que la iniciativa implique la venta indiscriminada y aseguró que «no se venden tierras. Se desarrolla el país».
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El intercambio de mensajes escaló cuando Villarruel vinculó el debate legislativo con la compleja situación económica y social que atraviesa el país. La titular del Senado afirmó que «no se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia». En este sentido, reclamó a los dirigentes oficialistas que recorran los pueblos «en vez de digitar todo desde un despacho», señalando que «la gente no tiene para comer» y se encuentra endeudada.
En respuesta, Bullrich defendió la propuesta argumentando que los argentinos buscan progresar y dejar de ser «subdesarrollados, populistas y pobres». La discusión derivó en reproches personales, con Bullrich planteando a Villarruel que renunciara si no estaba de acuerdo con el rumbo del gobierno. Villarruel replicó: «A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo», calificando a su par de «obsecuente».
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El proyecto, diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, modifica varias normas clave relacionadas con la propiedad. La iniciativa elimina los límites generales vigentes para la compra de tierras rurales por extranjeros y establece que las provincias deberán intervenir en las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, prohíbe que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran estas tierras, a menos que exista una doble autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional.
Además de los cambios en la Ley de Tierras, el proyecto incorpora modificaciones significativas en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. En cuanto a los desalojos, se establece un procedimiento acelerado para inmuebles usurpados y se fija un plazo de diez días corridos para la regularización de deudas en contratos de alquiler antes de iniciar una acción judicial. Las expropiaciones, por su parte, deberán interpretarse de manera restrictiva, con un límite del 30 por ciento para la indemnización por lucro cesante, y se elimina la prohibición de modificar el uso de terrenos incendiados en zonas agropecuarias durante 30 años, aunque para bosques nativos y humedales la veda de 60 años se mantiene.
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La iniciativa de Sturzenegger busca modificar las reglas para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, entre otros puntos relacionados con la propiedad privada. El proyecto ya había sido postergado en ocasiones anteriores debido a las diferencias entre el oficialismo y diversos bloques opositores y dialoguistas, especialmente por el capítulo referido a la compra de campos. El Gobierno buscará ahora reunir los votos necesarios para su aprobación en el Senado, a pesar de las tensiones internas expuestas.
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