Argentina tendría menos restricciones a la compra extranjera a partir del proyecto de ley de Tierras
Política16/07/2026
REDACCIÓNLa iniciativa, que se debatirá este jueves en el Senado, elimina los topes para inversores privados y endurece los controles para Estados extranjeros.
El proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales impulsado por el Gobierno de Javier Milei colocaría a la Argentina entre los países con menores restricciones de Sudamérica para la compra de campos por parte de extranjeros. La iniciativa, que será debatida en el Senado este jueves, representa un cambio profundo en la regulación vigente. De ser aprobada, el régimen argentino se diferenciará notablemente del de sus vecinos.
La propuesta del Ejecutivo elimina los límites actualmente vigentes para personas y empresas privadas extranjeras que deseen adquirir tierras. Sin embargo, endurece de manera significativa los controles cuando los compradores sean directamente Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo su control. Esta diferenciación busca atraer capital privado sin perder el control sobre inversiones de carácter estatal.
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Actualmente, la Ley 26.737 establece que los extranjeros no pueden superar el 15% del total de las tierras rurales del país, así como de cada provincia y municipio. Además, la normativa fija un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe explícitamente la adquisición de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera. Estas restricciones son las que el Gobierno nacional busca flexibilizar con la reforma.
El Gobierno de Milei argumenta que la legislación actual desalienta inversiones millonarias, especialmente en proyectos forestales, de riego y cultivos permanentes. El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que la reforma busca diferenciar claramente entre inversores privados y Estados extranjeros. Para el Ejecutivo, el objetivo principal es facilitar el ingreso de capital privado sin resignar mecanismos de control sobre los gobiernos de otras naciones.
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En contraste con la propuesta argentina, Brasil mantiene una de las regulaciones más estrictas en la región en cuanto a la propiedad extranjera de tierras. Su Ley 5.709/71 limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio. Además, especifica que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de esa superficie total en un mismo municipio.
El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) es el organismo brasileño encargado de controlar el registro de estas operaciones, asegurando el cumplimiento de las normativas. El proyecto argentino, al eliminar los topes para los inversores privados, establecería un esquema considerablemente más flexible que el brasileño. Si se aprueba, la Argentina se despegaría de la política de Brasil en este aspecto.
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Uruguay tampoco impide la compra de campos por extranjeros, pero impone mecanismos rigurosos de identificación y transparencia. La legislación uruguaya obliga a identificar a los accionistas de las sociedades propietarias y a registrar la titularidad de las tierras. El Parlamento uruguayo incluso analiza iniciativas para reforzar los controles sobre las adquisiciones de tierras, especialmente en las zonas fronterizas.
Por su parte, Paraguay exhibe uno de los mayores niveles de participación extranjera en la propiedad rural de la región. Diversos estudios estiman que entre el 14% y el 19% de su territorio pertenece a propietarios extranjeros, con picos de hasta el 60% en algunos departamentos fronterizos, mayormente por inversiones brasileñas. Sin embargo, este fenómeno es producto de un proceso histórico y no implica un esquema de apertura irrestricta como el que propone la iniciativa argentina.
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De esta forma, la aprobación de la reforma impulsada por el Gobierno cambiaría drásticamente el panorama regulatorio del país. Actualmente, según datos oficiales, apenas alrededor del 6% de las tierras rurales argentinas están en manos extranjeras, un porcentaje muy por debajo del tope legal establecido. Esto muestra que, hasta ahora, las limitaciones existentes no han sido ampliamente superadas.
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