Investigan a 335 personas en Bolivia por los bloqueos nacionales: ya hay 26 detenidos
Actualidad16/07/2026
REDACCIÓNLa Fiscalía boliviana avanza con 114 casos abiertos por las protestas de mayo y junio que paralizaron al país durante 53 días, e indaga al líder de la Central Obrera.
Un total de 26 personas se encuentran con detención preventiva en Bolivia por su presunta participación en los bloqueos que paralizaron al país durante 53 días. La medida fue informada este jueves por la Fiscalía como parte de los procesos penales abiertos tras la crisis. Estos arrestos representan la consecuencia judicial más directa de las movilizaciones ocurridas entre mayo y junio.
En total, el Ministerio Público investiga a 335 personas por los hechos registrados durante la protesta. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, detalló que se mantienen activos 114 casos en relación con las movilizaciones. De ese total de expedientes, 75 fueron iniciados de oficio por la propia fiscalía.
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Entre los principales investigados se encuentra Mario Argollo, el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB). La situación procesal del dirigente sindical aún no fue definida por las autoridades judiciales. Su caso es uno de los más relevantes dentro de las indagatorias por la mayor crisis que ha enfrentado el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
El fiscal Torres explicó que se analizarán informes remitidos por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno antes de definir nuevas actuaciones procesales sobre Argollo. A partir de esa evaluación, la Fiscalía determinará si corresponde emitir una orden de aprehensión o una citación para el líder de la COB. El funcionario aclaró que no anticipará decisiones que forman parte de la estrategia de investigación.
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En una rueda de prensa, el fiscal del departamento de La Paz confirmó las cifras oficiales de la investigación en curso. «Tenemos 114 casos abiertos, 75 iniciados de oficio y 335 personas investigadas. Conforme al último dato, tenemos 26 personas que se encuentran con detención preventiva», detalló Torres. Estas declaraciones dimensionan el alcance del proceso judicial que se está llevando adelante.
Las actuaciones judiciales se producen después de que Bolivia atravesara entre mayo y junio una de las mayores crisis políticas y económicas de los últimos años. Las protestas incluyeron un paro general indefinido y bloqueos en las principales carreteras del territorio nacional. La situación se extendió por más de siete semanas consecutivas.
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Las medidas de fuerza interrumpieron el transporte de combustibles, alimentos y diversas mercancías a nivel nacional. Esto provocó el aislamiento de varias ciudades importantes y profundizó el desabastecimiento de productos básicos en el país. Esta fue la crisis más compleja que enfrentó el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira desde el inicio de su mandato.
Además, comisiones del Ministerio Público continúan recopilando pruebas para sustentar cada uno de los procesos penales. El fiscal Torres advirtió que las investigaciones siguen abiertas y no se descartan nuevas imputaciones. Por este motivo, el número de personas procesadas podría aumentar en las próximas semanas.
La decisión de avanzar con 75 de los 114 expedientes de oficio demuestra la iniciativa del Ministerio Público en la causa. Esta modalidad implica que la fiscalía impulsó esas investigaciones sin necesidad de una denuncia previa de particulares. La estrategia busca esclarecer la totalidad de los hechos ocurridos durante las jornadas de protesta.
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