Once jurisdicciones argentinas regulan el uso de celulares en las escuelas

Un informe de Argentinos por la Educación detalla que el 59% de los alumnos de tercer grado tiene celular propio y analiza las diversas normativas implementadas en el país.

Once provincias argentinas han implementado algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas, en respuesta a una creciente preocupación por el impacto de estos dispositivos en la educación. Esta cifra representa un 45% de las jurisdicciones del país que avanzaron con leyes o protocolos propios en los últimos años. La medida se enmarca en un debate internacional sobre cómo gestionar la presencia de teléfonos móviles en el ámbito educativo.

La información proviene de un informe de la ONG Argentinos por la Educación, titulado "Celulares: ¿prohibir o no prohibir?", que analizó en detalle la situación actual. El estudio fue elaborado por Andrea Goldin (investigadora del Conicet y la Universidad Torcuato Di Tella), junto a Martín Nistal y Tomás Besada de la propia ONG. Para su realización, se utilizaron datos del Operativo Aprender 2024, que incluyó a estudiantes de tercer grado de primaria.

OTRAS NOTICIAS:

El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio impulsado por salarios y tarifas

Este análisis revela que el 59% de los alumnos argentinos de tercer grado de primaria ya posee su propio celular, evidenciando una penetración temprana de la tecnología. Además, un 23% de estos estudiantes, aunque no tiene un dispositivo personal, utiliza habitualmente el de su madre, padre o algún otro familiar. De esta manera, solo un 18% de los chicos de ocho años a nivel nacional no cuenta con acceso a un teléfono celular, según los datos relevados por el informe.

En ese marco, a nivel internacional, diversas investigaciones sugieren que las restricciones al uso de celulares en las aulas logran disminuir las distracciones y el tiempo de uso de los dispositivos durante las clases. Sin embargo, los estudios arrojan resultados más ambiguos y dispares cuando se evalúa el impacto directo de estas medidas en el rendimiento académico de los estudiantes. Las políticas más estrictas, que prohíben el acceso durante la jornada escolar, generan una reducción importante en el uso, pero estos cambios no siempre se traducen en mejoras significativas en los aprendizajes.

OTRAS NOTICIAS:

Santilli y Ziliotto dialogaron sobre una deuda de 400 mil millones de pesos a La Pampa

Por otra parte, algunos estudios específicos han mostrado mejoras en el rendimiento académico, especialmente entre estudiantes de bajo desempeño o de sectores más vulnerables de la sociedad. Por el contrario, otras investigaciones no encuentran cambios significativos, incluso en contextos donde las restricciones son sumamente estrictas y de aplicación rigurosa. En cuanto a otras dimensiones, como la convivencia escolar y el bienestar estudiantil, los resultados también varían: ciertas investigaciones detectan una disminución de situaciones de bullying, mientras que otras no hallan efectos importantes sobre el clima general del aula.

Además, la regulación del uso de celulares en las escuelas se ha consolidado como un tema central en la agenda educativa global, reflejando una preocupación creciente entre las autoridades. Según datos recientes de la UNESCO, la proporción de países que han implementado algún tipo de restricción formal pasó de menos de una cuarta parte en 2023 a aproximadamente el 60% en proyecciones para 2026. Esta tendencia subraya la búsqueda de un equilibrio entre la tecnología y el entorno de aprendizaje.

OTRAS NOTICIAS:

Petróleo, pesca y energía: qué mostró el índice mayorista para la Patagonia

Las experiencias internacionales revelan la adopción de distintos modelos regulatorios para abordar la cuestión de los celulares en el ámbito escolar. Países como Francia, Países Bajos y Chile han optado por establecer restricciones generales y amplias al uso de estos dispositivos en sus escuelas. Otros, como Brasil, Finlandia y Dinamarca, permiten su utilización únicamente con fines pedagógicos y siempre bajo la supervisión directa del docente a cargo. También existen sistemas más descentralizados, como el observado en el Reino Unido, donde cada institución educativa tiene la autonomía de definir sus propias normas internas.

En tanto, en Argentina, no existe actualmente una normativa nacional unificada que regule el uso de celulares en las escuelas, lo que genera un panorama heterogéneo a lo largo del país. Jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe y Formosa han establecido limitaciones amplias para el nivel inicial y primario, buscando proteger a los alumnos más pequeños. En contraste, la provincia de Buenos Aires restringe su uso únicamente en el nivel secundario, mientras que Mendoza autoriza los dispositivos solo para actividades pedagógicas específicas y siempre bajo supervisión docente.

Por otra parte, la tenencia de celulares también evidencia brechas socioeconómicas, ya que el 63% de los estudiantes del quintil más alto de tercer grado posee un dispositivo propio. Esta cifra contrasta con el 52% de los alumnos pertenecientes al quintil más bajo, lo que marca una diferencia significativa en el acceso. En el nivel secundario, la presencia de estos aparatos es aún mayor, alcanzando al 90% de los estudiantes, según los datos del operativo Aprender 2023.