Cómo el oficialismo consiguió aprobar la reforma laboral y la ley de Glaciares en un semestre con demoras

A pesar de avances, la ley “Hojarasca” y subsidios al gas siguen trabadas en el Senado, y la oposición capitalizó crisis internas del Gobierno.

La última sesión en la Cámara de Diputados antes del receso invernal, celebrada el 24 de junio, resultó fructífera para el oficialismo. En esa jornada, el Gobierno consiguió la media sanción para su ley de Súper RIGI, un régimen para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares. Este proyecto está orientado a industrias como la inteligencia artificial y la biotecnología, y ahora aguarda su tratamiento en el Senado.

Este resultado contrasta con las expectativas iniciales del Poder Ejecutivo, que había prometido enviar paquetes de proyectos en oleadas mensuales. El presidente Javier Milei había delineado este plan en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, pero la propuesta no se concretó en la práctica. Diversas crisis políticas autoinfligidas, principalmente la persistencia del caso Manuel Adorni, contribuyeron a paralizar la gestión y ralentizar el ritmo legislativo.

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En ese marco, la oposición política aprovechó el estado de aturdimiento en el que quedó envuelto el oficialismo a raíz del escándalo Adorni. Sectores que habitualmente actúan por separado encontraron en esa crisis un elemento aglutinador para unificar sus estrategias contra el Gobierno. De esta manera, la agenda opositora logró imponerse durante gran parte del semestre y frenar el ímpetu reformista de la Casa Rosada.

A pesar de los contratiempos, el primer semestre legislativo comenzó con actividad en las sesiones extraordinarias de febrero. La Cámara de Diputados votó el 12 de febrero el Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad a los 16 años. Una semana después, el 19 de febrero, se aprobó en la misma cámara una ambiciosa reforma laboral impulsada por el oficialismo.

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Ambas iniciativas, tanto el régimen juvenil como la reforma laboral, fueron convertidas en ley por el Senado el 27 de febrero. Ya en el período de sesiones ordinarias, la Cámara alta aprobó el 13 de marzo la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares. Esta ley, que flexibiliza las condiciones de explotación económica en zonas periglaciales, recibió la sanción definitiva de Diputados el 8 de abril.

Otra de las conquistas legislativas del semestre fue el aval al plan de pago a grupos de acreedores por la deuda residual de 2001, que se convirtió en ley el 24 de junio. Por otra parte, la sesión del 20 de mayo en la cámara baja otorgó media sanción a la ley “Hojarasca” y a la reducción de subsidios al consumo de gas por “zonas frías”. Estas dos últimas iniciativas se encuentran actualmente atascadas en el Senado, donde representantes del Gobierno intentan destrabarlas.

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Además de estas demoras, la Cámara alta suspendió por cuarta vez la votación del proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Asimismo, quedó archivado sin perspectivas de tratamiento el proyecto que introducía modificaciones a la ley de emergencia en Discapacidad. En la Cámara de Diputados, en tanto, tuvieron escasa actividad proyectos como la ley de lobby y los cambios a la Ley de Financiamiento Universitario.

Con el fin del receso en agosto, el oficialismo se muestra optimista sobre un segundo semestre diferente, aprovechando el nuevo impulso político. La agenda gubernamental incluye el debate del Presupuesto 2027, que estaría condicionado por un proyecto de “shutdown” del Estado. A esto se suman como temas centrales una propuesta de reforma electoral y cambios a la Carta Orgánica del Banco Central.

En paralelo a la agenda futura, el propio oficialismo ha demostrado no tener apuro en avanzar con otras iniciativas que ya tienen estado parlamentario. La nueva ley de Salud Mental, que ya tuvo tres plenarios de comisión, no ha sido impulsada con celeridad por el Gobierno. Lo mismo ocurre con los proyectos para derogar la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y la ley de prevención de la ludopatía digital.