La Mesa Federal Minera podría tener trabas si obliga a empresas a informar sus compras
Actualidad20/07/2026
REDACCIÓNCAEM alertó que transparentar los calendarios de adquisiciones genera burocracia y desincentiva la participación en el nuevo espacio.
La Mesa Federal Minera, un espacio de articulación político-privada, reúne a los actores de mayor peso de la industria para acelerar inversiones estratégicas. En ella participan el Gobierno nacional, a través de la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría de Minería, junto a gobernadores de provincias mineras e industriales. También la integran cámaras empresariales del sector y gremios como AOMA, ASIJEMIN y UOCRA.
Este organismo busca destrabar y blindar megainversiones en el marco del RIGI, con un enfoque especial en proyectos de cobre y litio. Entre sus objetivos principales se encuentra la unificación de los estándares de “Compre Local” para evitar que cada municipio o cámara imponga reglas distintas. Además, se propone coordinar el desarrollo de infraestructura compartida, como caminos y tendidos eléctricos, para facilitar las exportaciones.
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Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) se impulsó la puesta en marcha de esta Mesa como un paraguas político-institucional superior a las ya existentes. La entidad busca que funcione para ordenar la fragmentación de regulaciones y consolidar un canal único de diálogo. El objetivo es potenciar las mesas del Cobre o del Litio bajo una misma estrategia nacional.
Sin embargo, la propuesta enfrenta serios obstáculos que son señalados por sus mismos impulsores, entre ellos intereses comerciales y políticos. El presidente de CAEM, Roberto Cacciola, expresó públicamente la urgencia de activar la Mesa, pero sorprendió al sostener que en ese ámbito las empresas deberían informar su calendario de compras. Esta declaración expuso una de las principales trabas para la participación del sector privado.
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Para el sector empresario, la obligación de informar las compras es precisamente lo que una mesa de este tipo no debería incluir, ya que generaría más burocracia. Esta exigencia empodera a múltiples interlocutores, como cámaras provinciales, municipales y nacionales, obligando a las mineras a negociar lo mismo con distintas entidades. Esto duplica los esfuerzos y complica la gestión operativa de las compañías.
El contexto actual, definido por CAEM como de “federalismo minero”, ya es la base de varios problemas para la industria. Sobre ese concepto se justifican decisiones provinciales que a menudo van en contra de una política nacional para atraer inversiones. Un ejemplo recurrente es la discusión sobre la definición de “proveedores locales mineros”, que genera disputas sobre la prioridad de contratación.
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Se suma a este escenario la tensión con ciertos sectores sindicales, lo que complejiza aún más el diálogo dentro de la Mesa Federal. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), por ejemplo, rechaza abiertamente el RIGI, al que califica de “entreguista”. Esta herramienta de desarrollo es considerada una de las más importantes promovidas por el país para atraer capitales.
La información sobre las compras de las mineras es un activo estratégico para gobiernos, sindicatos y proveedores, ya que permite asegurar contratos y generar empleo local. Sin embargo, para las empresas, entregar prioridad de información a un grupo selecto de proveedores por sobre otros plantea un dilema de ética y compliance. Esto se debe a que podría afectar la competitividad y la transparencia de los procesos de adquisición.
Un problema operativo concreto que surge de la fragmentación actual es la multiplicidad de padrones de proveedores, todos dispersos. Cada cámara maneja su propio listado de asociados, lo que obliga a las empresas a cruzar constantemente distintas bases de datos para buscar un proveedor homologado. Esta situación evidencia la falta de un sistema unificado que la Mesa Federal debería resolver.
Fuente: Minería y Desarrollo.
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