El organismo provincial intensifica las inspecciones en terreno para reasignar inmuebles a familias en emergencia, mientras agiliza las escrituraciones y fija techos de cuota por ley.
Las inspecciones domiciliarias para detectar irregularidades en la ocupación de barrios sociales derivaron en la desadjudicación e inhibición definitiva de titulares que alquilaban o mantenían desocupadas sus propiedades. Las visitas técnicas de fiscalización se realizan en distintos días y horarios para constatar si las unidades están habitadas por sus dueños originales. Cuando se confirma el uso lucrativo o el abandono, el organismo activa el proceso administrativo de quita y reasigna el inmueble a familias registradas con urgencia social.
La participación en los sorteos para la entrega de casas requiere que los vecinos inscriptos mantengan al día sus legajos ante el organismo estatal. El sistema asigna un puntaje dinámico que evalúa variables como los años de antigüedad en el registro, la presencia de personas con discapacidad en el grupo familiar o la cantidad de hijos a cargo. Las autoridades recomiendan renovar la documentación y las constancias de ingresos cada dos años como máximo para no perder posición en las nóminas oficiales.
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El marco legal vigente garantiza un cupo específico dentro de los desarrollos urbanísticos para colectivos vulnerables contemplados por norma. Cada proyecto reserva un porcentaje de unidades para adultos mayores, personas trans y postulantes con discapacidad. Esta segmentación se aplica de forma paralela a las nóminas generales al momento de confeccionar los padrones que van a sorteo.
El cálculo de las cuotas mensuales para los adjudicatarios se rige por una limitación reglamentaria estricta orientada a resguardar la economía doméstica. La normativa prohíbe que el valor del cobro supere el 25% de los ingresos netos declarados por el grupo familiar. Esta relación entre cuotas y salarios contrasta con los costos de los alquileres en el mercado inmobiliario privado. La cancelación regular de la boleta del organismo permite a los ocupantes invertir en la mejora de sus espacios mediante trabajos de pintura o cambio de revestimientos con la certeza de consolidar un patrimonio personal. La estabilidad residencial evita además el desarraigo de los menores, quienes logran sostener la continuidad en las mismas escuelas y clubes de barrio.
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En materia de ordenamiento de títulos, un relevamiento técnico impulsado en la provincia detectó unos 2.000 inmuebles en situación de locación. Esta condición administrativa implica que los residentes ocupan la vivienda pero no figuran formalmente como adjudicatarios en los registros centrales. Las gestiones actuales buscan agilizar el traspaso de locatarios a adjudicatarios firmes para permitir que las familias inicien la escrituración definitiva una vez completado el plan de pagos.
En diálogo con #LA17, el gerente general del IPV, el ingeniero Alejandro Asensio, explicó el procedimiento ante maniobras irregulares con las casas entregadas: "Cuando llegamos a esta instancia donde se le da de baja a esta persona, es porque hubo ya un trabajo arduo desde el IPV para regularizar la situación. Se le quita la vivienda a la persona y se la inhibe para que en el futuro pueda ser adjudicatada".
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La asignación de soluciones habitacionales incorporó asimismo una preferencia de otorgamiento para personal de áreas operativas estratégicas. Las resoluciones provinciales contemplan cupos para los agentes de la Policía, el personal docente del sistema público y los trabajadores de la salud. Esta medida busca radicar profesionales en localidades donde la falta de oferta en alquiler dificulta el acceso a la casa propia.
Durante la entrevista en #LA17, Alejandro Asensio detalló los límites legales fijados para el cobro de los planes de pago: "Por reglamentación no podemos cobrar una cuota que supere el 25% de lo que efectivamente cobra el grupo familiar de haberes. Lo que nosotros hacemos son cuotas a 25 años y en algunos casos extraordinarios pueden ser un poco más, 360 cuotas".
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La proyección de nuevas obras edilicias abarca emprendimientos en ejecución como las 114 viviendas en Puerto Madryn, la edificación de un barrio de 26 unidades y planes en localidades como Gastre, Trelew y Gaiman. La factibilidad técnica de estos proyectos depende de un proceso previo de negociación con las municipalidades para conseguir tierras dotadas de redes de agua, energía eléctrica, gas y cloacas. Esta etapa de gestión dominial e infraestructura de nexos representa el tramo administrativo más prolongado antes de publicar los pliegos de licitación.
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