Caso Rodrigo Gómez: confirman la detención en régimen de alto riesgo para la banda que lo extorsionó

Policiales24/07/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La Cámara Federal de San Martín confirmó la detención de alto riesgo para los 7 imputados por el suicidio del joven de 21 años. Esperan juicio oral.

soldado Rodrigo Gómez
soldado Rodrigo Gómez

La organización delictiva que extorsionó al soldado Rodrigo Gómez operaba creando perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas como Evermatch para iniciar el contacto con sus víctimas. Luego de entablar una conversación, migraban el diálogo a la plataforma WhatsApp para continuar con el engaño. La maniobra culminaba con la intervención de un falso policía que exigía dinero para evitar una supuesta denuncia penal.

En una resolución judicial reciente, los imputados por este caso continuarán detenidos bajo el régimen de presos de alto riesgo. La Cámara Federal del Departamento Judicial de San Martín desestimó el pedido de inconstitucionalidad que habían presentado las defensas de los acusados. De esta manera, se ratificó la normativa implementada por el Ministerio de Seguridad para el alojamiento de este tipo de detenidos.


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Los procesados, que están a punto de enfrentar un juicio oral y público, fueron identificados como T.M.F., de 23 años; M.J.D.A., de 25; I.A.C., de 23; y K.Y.C., de 25. La solicitud de elevación a juicio también incluye a K.M.S.P., E.Y.T. y C.A.M., quienes completan la lista de integrantes de la asociación ilícita. El pedido fue realizado por el titular de la Fiscalía Federal N.°1 de San Isidro, Federico Iuspa.

Los jueces Marcelo Darío Fernández y Juan Pablo Salas fundamentaron su decisión al consignar que este tipo de recursos solo proceden ante una contradicción evidente e insalvable con la Constitución Nacional. Los magistrados consideraron que tanto la cartera de seguridad, encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva, como el Servicio Penitenciario Federal actuaron dentro de sus atributos legales. Ambas instituciones intervinieron para organizar el alojamiento de delincuentes considerados de alta peligrosidad.


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La investigación se inició el 16 de diciembre pasado, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años. El joven se quitó la vida con su arma reglamentaria en una de las garitas de la residencia presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de custodia. Gómez, quien era integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, dejó una carta explicando los motivos de su decisión.

La pesquisa determinó que la organización delictiva concretó al menos tres hechos de extorsión. El primero tuvo como víctima a Gómez, quien el 15 de diciembre transfirió un total de $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago. Un segundo episodio ocurrió el 26 de diciembre, cuando otro hombre fue obligado a transferir $15.000, mientras que una tercera víctima depositó $116.000 entre el 22 y el 28 de diciembre.


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Dentro de la estructura de la banda, se determinó que T.M.F., M.J.D.A. y K.M.S.P. eran “compañeros de encierro”. Estos se valían de la ayuda de sus respectivas parejas y de C.M. para poder recibir y reconducir el dinero que obtenían de las extorsiones. Este esquema les permitía manejar los fondos obtenidos de su accionar ilegal.

El fiscal Iuspa solicitó que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados como jefes de una asociación ilícita agravada y coautores de tres hechos de extorsión. Además, pidió que se los juzgue por la instigación al suicidio de Gómez, un delito contemplado en el artículo 83 del Código Penal que prevé una pena de 1 a 4 años de prisión. Para el resto de los imputados, se solicitó que sean juzgados como miembros de la asociación ilícita y coautores de las extorsiones.

La reconstrucción de la modalidad de actuación de la banda y la identificación de sus presuntos integrantes fue posible gracias al trabajo conjunto de varias áreas. La fiscalía, el juzgado interviniente y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina colaboraron estrechamente durante la pesquisa. Esta cooperación fue clave para desarticular a la organización criminal, según se desprende de la información publicada en el portal Fiscales.

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