Nuevo esquema de biocombustibles generará aumentos de hasta el 3% en surtidores

Actualidad28/07/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La medida, impulsada por el Gobierno nacional, eleva los porcentajes de mezcla obligatoria en naftas y gasoil, trasladando la brecha de costos al consumidor final.

El primer impacto aparece en los combustibles, donde las subas ya se trasladaron a surtidores de todo el país.
El primer impacto aparece en los combustibles, donde las subas ya se trasladaron a surtidores de todo el país.

Los informes elaborados por consultoras especializadas del sector energético revelan que el atraso y la caída de las ventas externas generaron un fuerte impacto en las cuentas públicas, con un costo fiscal cercano a los 300 millones de dólares en el último año. Este desplome en los volúmenes exportados implicó una menor recaudación impositiva para el Estado nacional, acumulando más de 6.500 millones de dólares a lo largo de los últimos quince años.

Esta urgencia por actualizar el marco regulatorio da lugar a un nuevo esquema de biocombustibles que impactará directamente en el bolsillo de los automovilistas y el transporte de cargas. La elevación de los porcentajes mínimos de mezcla obligatoria de componentes vegetales en las naftas y el gasoil provocará una traslación directa hacia los precios finales al consumidor.


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Según las proyecciones técnicas de las principales empresas refinadoras del país, la sola elevación de la presencia de biodiésel al 10% generará un encarecimiento automático cercano al 3% en las estaciones de servicio de todo el territorio nacional. Esta distorsión de costos responde a la marcada brecha de valores que existe entre el insumo de origen agroindustrial y el hidrocarburo de origen fósil.

En el mercado actual, la producción de biocombustibles registra un valor que ubica su costo por sobre el 40% en comparación con la refinación tradicional de petróleo, habiendo alcanzado picos históricos con diferencias de hasta el 80%. Bajo esta realidad económica, cada punto porcentual que se suma a la mezcla obligatoria en las refinerías se traduce de manera ineludible en un aumento de la tarifa final para quienes cargan combustible.


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El plan impulsado por el Gobierno nacional busca elevar de forma escalonada la participación del bioetanol y el biodiésel dentro de la matriz de transporte durante los próximos meses. Para las naftas, la normativa fija un piso obligatorio de mezcla del 12% que ascenderá al 15% una vez cumplido el primer año de aplicación del nuevo régimen.

En el caso del gasoil, el punto de partida se establecerá en un 7,5% para luego trepar hasta alcanzar el 10%, buscando con este volumen absorber la capacidad ociosa que mantienen las plantas procesadoras del país. Además, uno de los ejes más controvertidos del nuevo marco normativo radica en la sustitución del sistema de precios máximos fijados por el Estado en favor de un esquema de paridad de importación.


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Con esta modificación, los valores de compraventa entre refinadoras y elaboradoras pasan a fijarse de manera libre, aunque se habilita un mecanismo de contingencia para autorizar la importación del insumo si los precios locales superan la referencia internacional. La medida despertó fuertes advertencias entre los analistas del sector energético, quienes advierten sobre el riesgo latente de habilitar compras al exterior a precios de dumping que terminen desmantelando la producción nacional.

Para moderar el dominio de las grandes corporaciones aceiteras dentro del abastecimiento interno, el esquema contempla un cupo de resguardo destinado exclusivamente a las empresas no integradas de menor escala. Durante el período de transición que se extenderá hasta finales de 2031, una porción específica del corte obligatorio deberá comercializarse a través de un mercado regulado reservado para pymes independientes.

La iniciativa incorpora además la creación de un Mercado Electrónico unificado como la única plataforma pública para concentrar las transacciones entre los actores del sector. Este mecanismo buscará dotar de transparencia a la formación de precios bajo la administración de un organismo independiente que opere mediante estándares internacionales de comercio energético.

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