Adjudican la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales por un plazo de 20 años

El Gobierno Nacional formalizó la privatización de Corredores Viales. Adjudicó la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales por 20 años.

Dos uniones transitorias de empresas y una firma individual se adjudicaron la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales. La medida establece que las compañías se encargarán de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los tramos por un plazo de 20 años.

La unión transitoria compuesta por CREDITECH S.A. y PLANTEL S.A. resultó ganadora de dos de los cuatro corredores licitados. Administrarán el Tramo Mediterráneo, que incluye las rutas nacionales 7 y 35, con una tarifa ofertada de $1.989,67 más IVA. Además, gestionarán el Tramo Portuario Sur, correspondiente a las rutas nacionales 9 y 188, por un valor de $1.256,03 sin IVA.

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Por otra parte, el Tramo Puntano fue otorgado a la unión de empresas BASAA S.A. y CECOSA S.A., quienes presentaron una oferta de $1.440,08 más IVA. Este corredor abarca las rutas nacionales 8, 36, A-005 y 193. El cuarto corredor, denominado Portuario Norte, quedó en manos de la firma CPC S.A. con una tarifa de $1.856 sin IVA, y comprende las rutas nacionales 9, 33 y A-008.

La adjudicación fue oficializada este martes a través de la Resolución 1149/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo. La medida aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública de la “Red Federal de Concesiones – Etapa II-B”.

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Este proceso de privatización total se desarrolla bajo la modalidad de concesión de obra pública. El procedimiento fue autorizado por el Decreto 97/2025, que reglamentó la privatización de la empresa Corredores Viales.

La adjudicación se enmarca en la Ley Bases, que previamente había declarado a la compañía estatal como “sujeta a privatización”. Con esta modalidad, el Ejecutivo busca delegar en el sector privado la gestión de importantes nodos viales del país.

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Según lo establecido, el objetivo de las concesiones no se limita al mantenimiento y la reparación de las calzadas existentes. Incluye también la ampliación de la infraestructura vial y la posibilidad de que las empresas realicen explotaciones complementarias para generar ingresos adicionales.