Advierten que una nueva ley de biocombustibles pone en riesgo a 25 plantas productoras del país
Actualidad29/07/2026
REDACCIÓNLa cámara de pymes CEPREB calificó el proyecto en el Senado como una "sentencia de cierre" y propuso elevar el corte de biodiésel al 12,5%.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) presentó una propuesta alternativa al proyecto oficial de ley que se discute en el Senado, solicitando que el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil se eleve al 12,5%. La iniciativa busca asegurar la continuidad de la producción federal y proteger la actividad de las pequeñas y medianas empresas.
El sector pyme advirtió que la nueva normativa pone en grave riesgo la continuidad de 25 plantas distribuidas en el interior productivo y amenaza a 10.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. En un comunicado, la entidad aseguró que, para las empresas del rubro, la iniciativa no constituye una reforma. La calificaron como «una sentencia de cierre de 25 plantas del interior y de los 10.000 empleos, directos e indirectos, que dependen de ellas».
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El proyecto impulsado por el oficialismo, que reemplazaría a la ley sancionada en 2021, propone elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% actual al 10%. Según el director ejecutivo de la CEPREB, Federico Martelli, esta medida condena a las pymes a la quiebra. Martelli afirmó que la nueva ley «concentra todo el negocio en 6 empresas multinacionales».
Por otra parte, la propuesta de la cámara de pymes plantea una distribución específica del corte del 12,5% para evitar una concentración del mercado. El esquema asignaría un 5% para las 17 plantas pyme regionales, un 2,5% para las 8 compañías no integradas y el 5% restante para las grandes aceiteras. De esta manera, sostienen que es posible dar lugar a todos los actores de la cadena productiva.
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Actualmente, las plantas pyme producen unas 900.000 toneladas anuales para cubrir el corte vigente del 7,5%. Esta producción se distribuye en varias provincias: 360.000 toneladas en Santa Fe, 355.000 en Buenos Aires, 85.000 en La Pampa, 55.000 en Entre Ríos y 45.000 en San Luis.
El principal problema que señalan las pymes es que la nueva ley las obligaría a competir directamente con las aceiteras, que son sus principales proveedoras de materia prima. Federico Martelli explicó la dificultad de este escenario en declaraciones previas. «Pretender que el elaborador del biodiesel pueda o tenga que competir contra su principal proveedor para abastecer el mercado, es directamente de una ingenuidad absoluta porque no hay paridad de armas», sostuvo.
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Además, desde el sector remarcaron que el criterio de protección que reclaman ya está contemplado en el propio proyecto oficial para otro rubro. La ley establece porcentajes de corte diferenciados para proteger al bioetanol de caña de azúcar frente al de maíz. «Si el criterio federal sirve para los ingenios, sirve también para las plantas regionales de biodiesel», plantearon.
En ese marco, la CEPREB destacó la existencia de una cadena de valor consolidada detrás de las 25 plantas, que se abastecen de aproximadamente 400 extrusoras proveedoras de aceite. Este entramado productivo generó arraigo y empleo calificado en el interior del país durante años. La pérdida de esta actividad no solo tendría un impacto económico, sino también un riesgo de desarraigo para la población en las localidades afectadas.
Finalmente, las pymes exigieron que se sostenga el criterio con el que se construyó el mapa productivo actual. Recordaron que la Ley 27.640 estableció un marco de previsibilidad, garantizando un porcentaje de corte a quienes invirtieran bajo sus condiciones. Modificar esa lógica, advirtieron, no es un buen mensaje para futuras inversiones y pone en riesgo los empleos ya generados.
Fuente: Urgente 24.
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