
Impulsan una reforma del Código Penal para tipificar el mercenarismo y frenar ejércitos privados
Política01/08/2026
REDACCIÓNEl diputado Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto para actualizar la legislación argentina ante las nuevas formas de violencia y la privatización de la guerra.

Una propuesta de reforma al Código Penal argentino prevé el agravamiento de penas para quienes integren o financien organizaciones mercenarias si estas afectan la defensa del país. La normativa incrementa las sanciones cuando las estructuras armadas privadas utilizan a menores de edad o facilitan crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, perteneciente al Frente Renovador, con el objetivo de tipificar el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas ilícitas. El proyecto responde a las nuevas modalidades de violencia que caracterizan a los conflictos bélicos contemporáneos y a la creciente privatización de la guerra.


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El texto define como mercenario a toda persona que, a cambio de una remuneración, preste servicios de naturaleza militar sin autorización del Derecho Internacional o la legislación nacional. La reforma penaliza tanto la conducta individual como la constitución, el financiamiento, la organización y la integración de estas estructuras.
Según los fundamentos de la propuesta, la normativa busca preservar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza. Asimismo, procura proteger bienes jurídicos esenciales como la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional.
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En ese marco, la iniciativa incorpora una perspectiva adaptada a los conflictos híbridos contemporáneos, reconociendo las modalidades transnacionales de reclutamiento, financiamiento y operación. Busca anticipar la tutela penal frente a estructuras que se despliegan con logística, inteligencia y financiamiento privados.
Gutiérrez argumentó que la legislación argentina vigente carece de herramientas específicas para enfrentar estas amenazas, haciendo imprescindible la reforma para fortalecer la capacidad preventiva del Estado. El legislador afirmó: «Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado».
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La necesidad de fortalecer la regulación interna sobre el mercenarismo y las organizaciones militares privadas responde a advertencias reiteradas de organismos internacionales. El Comité Internacional de la Cruz Roja, a través del Documento de Montreux, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la materia han alertado al respecto.
Además, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también advirtió sobre la expansión de estas estructuras. Todos señalaron los riesgos que representan para el Derecho Internacional Humanitario y la urgencia de que los Estados adopten marcos regulatorios eficaces.
De forma complementaria, el texto excluye explícitamente de su alcance a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policiales en funciones oficiales. Tampoco aplica a las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a las empresas de seguridad privada que operan conforme a la ley ni al personal humanitario y sanitario.















