El Gobierno propone que el Banco Central se desligue del financiamiento directo al Tesoro

La iniciativa en el Congreso busca reformar la Carta Orgánica del BCRA para prohibir su asistencia al Estado, controlando la inflación y el valor de la moneda.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, enviado por el Gobierno nacional al Congreso, introduce un nuevo sistema para la designación de las máximas autoridades del organismo. El presidente de la entidad sería nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por un mandato de seis años, con un mecanismo de remoción que requeriría una mayoría especial.

Esa mayoría especial estaría compuesta por los dos tercios del Senado y la aprobación de la Cámara de Diputados, garantizando un proceso robusto para su remoción. Esta modificación busca otorgar mayor independencia y estabilidad a la cúpula de la autoridad monetaria argentina.

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La principal modificación que propone la iniciativa consiste en prohibir el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro Nacional. De acuerdo con el proyecto, la autoridad monetaria dejaría de asistir al Estado mediante la emisión de dinero para cubrir el déficit fiscal.

El Gobierno sostiene que el objetivo central es evitar la emisión para cubrir el déficit fiscal y fortalecer la estabilidad monetaria. Esta práctica es identificada por la administración actual como una de las causas de la pérdida de valor del peso y de la disminución de las reservas internacionales.

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Además, el texto establece que el objetivo prioritario del Banco Central será preservar el valor de la moneda mediante el control de la inflación. Este esquema propuesto se asemeja al de Colombia, mientras que Brasil incorpora objetivos secundarios y Chile suma la estabilidad financiera entre sus funciones.

Por otra parte, la propuesta elimina la posibilidad de emitir Letras Intransferibles para financiar al Tesoro, y crea un fondo de reserva para administrar las ganancias contables del Banco Central. Este último mecanismo es similar al que ya utilizan Brasil y Colombia para la gestión de sus utilidades.

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En relación con las utilidades efectivamente realizadas, el proyecto limita su utilización al pago de deuda pública, una restricción que también aparece en el modelo brasileño. Los casos de Chile y Colombia permiten un uso más amplio de estos recursos, ofreciendo mayor flexibilidad en su aplicación.

En tanto, se mantiene la posibilidad de que el Banco Central compre títulos públicos en el mercado secundario, aunque únicamente como herramienta de política monetaria. Este mecanismo también es contemplado por Brasil y Colombia, mientras que Chile lo reserva para situaciones excepcionales vinculadas con crisis de liquidez.

Otro de los puntos incorporados prevé responsabilidades penales por incumplimiento de deberes para las autoridades del Banco Central. Según la comparación difundida junto al proyecto, ese mecanismo no forma parte de la legislación vigente en los modelos de Brasil, Chile ni Colombia.