El nuevo código no penal recortará garantías y amanece con la amenaza de un cuello de botella
Chubut03/08/2026
REDACCIÓNLa abogacía chubutense advirtió que la reforma judicial impulsada a espaldas del fuero resulta inviable por falta de fondos y perjudica a los ciudadanos.
Las pretensiones de transformar el funcionamiento de los juzgados civiles, laborales y de familia en Chubut chocan contra una realidad signada por la falta de recursos mínimos. La aplicación del proyecto de procedimiento no penal elaborado por la cúpula judicial promete derivar en la parálisis de los trámites cotidianos. Quienes recurran a los tribunales encontrarán un sistema colapsado por la imposibilidad material de cumplir los nuevos plazos.
El texto en debate altera profundamente las reglas del juego en la tramitación de los reclamos cotidianos de los vecinos. Bajo la promesa de agilizar las causas mediante audiencias orales, la propuesta restringe de forma severa las herramientas defensivas de los particulares. La iniciativa concede facultades extraordinarias a los jueces para manejar las pruebas y condicionar la tarea defensiva.
OTRAS NOTICIAS:
El análisis de la letra chica encendió las alarmas por el sesgo autoritario que introduce en las tramitaciones. En la práctica, el justiciable perderá instancias de revisión frente a los fallos y quedará expuesto a decisiones unilaterales sin los controles que rigen actualmente. El esquema destruye el equilibrio entre las partes al momento de reclamar derechos fundamentales.
Al evaluar las consecuencias de esta normativa en diálogo con #LA17, el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, Gustavo Cruz, sostuvo que “si a un abogado se le limita en el ejercicio de su labor profesional la posibilidad recursiva, se le pueden imponer sanciones por parte del juez” la medida “es un proceso que no le va a dar muchas garantías al justiciable, sino más bien todo lo contrario”. Esta postura refleja una lectura compartida por todas las entidades del fuero en la provincia.
La viabilidad financiera de la reforma aparece como el obstáculo más severo en una provincia que sostiene la emergencia económica. El sistema propuesto exige incorporar personal de manera masiva, instalar infraestructura tecnológica pesada y construir nuevos espacios físicos que hoy no existen. El presupuesto provincial carece de partidas para financiar una transformación de esta magnitud mientras persisten los reclamos salariales de los trabajadores del sector.
OTRAS NOTICIAS:
La Asociación Sanmartiniana, en Chubut, impulsó el ingreso de jóvenes al servicio militar voluntarioLa falta de planificación presupuestaria compromete el funcionamiento de los juzgados y presagia una parálisis inmediata del servicio. Gustavo Cruz advirtió sobre este escenario al señalar que “si uno hace una proyección de cómo se desarrollaría el proceso vamos a estar en poco tiempo luego de su implementación, si es que puede llegar a implementarse por los costos que esto va a tener, en un pico de botella que no va a ser fácil de sobrellevar”. La falta de partidas torna irrealizable el discurso del oficialismo judicial.
La redacción de la propuesta se ejecutó bajo una hermética reserva institucional que excluyó a los profesionales que caminan a diario los pasillos tribunalicios. Una comisión integrada únicamente por tres camaristas de Trelew y Comodoro Rivadavia redactó el articulado sin consultar a los colegios profesionales ni a las organizaciones del sector. Esta metodología repite intentos fallidos de años anteriores que debieron ser frenados por el rechazo unánime de la comunidad jurídica.
OTRAS NOTICIAS:
El canal de debate abierto en la Legislatura provincial lejos está de garantizar una discusión profunda. Las reuniones informativas convocadas por los diputados imponen tiempos de exposición drásticamente acotados que impiden desglosar la complejidad de los artículos. La falta de formación técnica de gran parte de los legisladores los expone a votar una norma redactada según los intereses corporativos de la magistratura.
Frente a la celeridad que busca imprimirse en la Cámara, los profesionales de las distintas ciudades resolvieron organizar instancias de debate abiertas con la presencia de juristas nacionales. El objetivo de las entidades es poner al descubierto ante la opinión pública las falencias técnicas y el costo financiero de la norma antes de la votación definitiva. La decisión final quedará en manos de los diputados, quienes deberán asumir el costo político de convalidar una ley inaplicable.
Te puede interesar
