Neuquén restringe el acceso a tierras fiscales solo a ciudadanos y empresas argentinas
Política04/08/2026
REDACCIÓNEl Ejecutivo de Neuquén restringe el acceso a tierras fiscales, priorizando arrendamiento y venta a capitales nacionales para frenar especulación.
Un proyecto de ley fue enviado a la Legislatura neuquina para redefinir la política de administración de bienes del Estado en el territorio provincial. La iniciativa, que consta de dos artículos clave, establece un nuevo marco para la gestión de las parcelas estatales.
Esta propuesta modifica el Artículo 1° de la Ley 263 y fija un principio de exclusividad en favor de la soberanía territorial. La nueva redacción establece que las hectáreas de dominio provincial solo podrán ser adjudicadas en venta o arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas.
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La medida busca impedir que sociedades con capitales internacionales o ciudadanos extranjeros adquieran propiedades públicas de carácter estratégico. Asimismo, el proyecto pretende terminar con las maniobras de especulación sobre lotes fiscales en zonas de alta valorización económica.
Estas áreas incluyen los valles productivos y las áreas turísticas, donde el valor de la tierra se ha incrementado notablemente. La norma ratifica que la propiedad del Estado no debe constituir un bien de renta financiera.
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La legislación redefine la función social de la propiedad pública para considerarla estrictamente como un instrumento de trabajo y producción. Con esto se busca reforzar la protección del campesinado y de las familias que históricamente han habitado las zonas rurales.
Además, la reestructuración de la normativa instruye al Estado provincial a impulsar el arrendamiento y la enajenación de tierras de forma progresiva. Esto se hará en favor de los auténticos trabajadores del campo y para brindar previsibilidad jurídica a los pequeños productores que enfrentan presión privada.
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El texto legal amplía el abanico de actividades económicas habilitadas para acceder al beneficio de las tierras de dominio provincial, incluyendo incentivos para iniciativas forestales, turísticas e industriales. Sin embargo, todos los proyectos presentados deberán acreditar formalmente la generación de empleo local, el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales.
Este avance legislativo responde a la creciente demanda de tierras impulsada por la expansión de la frontera hidrocarburífera y el auge inmobiliario en la región. Frente a este panorama, la reforma busca que el suelo fiscal mantenga su destino productivo y de arraigo poblacional.
Cada solicitud de adjudicación deberá someterse a evaluaciones de viabilidad ambiental y social antes de ser otorgada. Si se aprueba en el recinto, las reparticiones públicas deberán adecuar sus reglamentos de adjudicación a las nuevas exigencias de nacionalidad y arraigo.
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