Intiman a más de 500 profesionales de practicaje y pilotaje a levantar el paro bajo amenaza de prisión
Política04/08/2026
REDACCIÓNPrefectura Naval advirtió a más de 500 profesionales sobre sumarios y denuncias penales, con penas de hasta ocho años, por la huelga.
La Prefectura Naval Argentina (PNA) advirtió formalmente sobre la apertura de sumarios administrativos y la formulación de denuncias penales contra los profesionales del practicaje y pilotaje que mantienen un paro por tiempo indeterminado. La fuerza de seguridad indicó que la persistencia en la interrupción de las prestaciones podría acarrear graves consecuencias legales para los trabajadores.
Desde la PNA, se detalló que las penas previstas en el Código Penal por entorpecimiento del transporte por agua y acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación contemplan prisión de hasta ocho años. Esta advertencia se produce en un contexto de profundización del impacto económico por la medida de fuerza.
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El Gobierno intimó formalmente a más de 500 profesionales de practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los puertos del país. Esta acción busca resolver el conflicto en las vías navegables que ha derivado en la paralización total de actividades en el sector.
En este marco, la Prefectura Naval Argentina, en su rol de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos. Se les exigió que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente para restablecer la normalidad en el tránsito de embarcaciones.
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La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado. Dicho ministerio es encabezado por Federico Sturzenegger y busca una reestructuración integral del sistema.
La normativa, que derogó la reglamentación vigente desde 1991, implementó una profunda reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial. Esta reforma es el eje del descontento entre los profesionales, quienes exigen su suspensión.
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Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales que será administrado directamente por la PNA. Además, la nueva regulación elimina las restricciones de ingreso a la actividad y otorga libertad a los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores.
En tanto, el texto oficial también faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para establecer techos tarifarios para los servicios. Asimismo, exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones, buscando mayor claridad en el sector.
El decreto suprimió la segmentación por tramos geográficos que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido y flexibilizó los traslados del personal. Frente a este nuevo marco, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas hasta que la administración central suspenda o deje sin efecto el decreto.
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