Bolivia expulsó a 17 capos narcos por ola de violencia atribuida a mafias brasileñas

Nueve asesinados en Santa Cruz en cinco días por guerra de rutas de cocaína. Gobierno boliviano anunció medidas y cooperación con Brasil.

El gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz expulsó del país a 17 capos de organizaciones criminales internacionales desde el inicio de su gestión en noviembre. Esta medida se da en un contexto de escalada de violencia en Bolivia y en respuesta a la expansión de mafias brasileñas.

Entre los expulsados figura el narco uruguayo Sebastián Marset, quien fue detenido en marzo y entregado a Estados Unidos, además de varios líderes de bandas de origen brasileño. Estas acciones buscan desarticular la presencia de grupos criminales en el territorio boliviano.

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La región de Santa Cruz, principal motor económico de Bolivia, registró la muerte de nueve personas en los últimos cinco días, en lo que el gobierno atribuyó a una guerra entre mafias brasileñas. El conflicto se centra en el control de una ruta clave para el tráfico de cocaína en la zona.

La policía registró la matanza de cuatro personas en una hacienda, el descubrimiento de dos cuerpos decapitados cerca de una carretera y otros tres homicidios, entre ellos el de un efectivo policial. Los crímenes fueron cometidos por sicarios vinculados a los grupos enfrentados del Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho.

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Según informó el Ministerio de Gobierno, estas dos organizaciones armadas se expanden en el país andino. Ambos grupos fueron declarados terroristas por Estados Unidos en mayo pasado, lo que resalta la gravedad de su accionar en la región.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló a la prensa que «Están peleando por un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga hacia el exterior». Esta declaración subraya la importancia estratégica de Bolivia en el esquema del narcotráfico internacional.

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En el marco de las operaciones contra el crimen organizado, el Ministerio de Gobierno también informó que se incautaron 58 avionetas, más de 360 inmuebles y casi 300 toneladas de cocaína y marihuana. Además, se destruyeron 190 pistas de aterrizaje clandestinas, según reportó la agencia AFP citada por DW.

En un esfuerzo por contener la situación, Oviedo anunció que la policía de Brasil instalará oficinas en Bolivia para cooperar en el combate contra estos grupos criminales. En paralelo, la presidenta de la Asamblea Legislativa regional de Santa Cruz, María René Álvarez, declaró: «Exigimos al gobierno nacional la adopción urgente de medidas preventivas».

Este lunes, unos 250 efectivos policiales se desplazaron a la población fronteriza de San Matías, que cuenta con aproximadamente 15.000 habitantes, donde ocurrieron la mayoría de los asesinatos. La ONU posiciona a Bolivia como el tercer productor mundial de cocaína, detrás de Colombia y Perú, lo que enfatiza la complejidad del desafío para las autoridades.