La Justicia venezolana otorgó la libertad plena a la jueza María Lourdes Afiuni
Actualidad08/08/2026
REDACCIÓNLa familia de la magistrada, considerada una presa política del chavismo, confirmó el cierre definitivo de la causa iniciada en 2009 y la restitución de todos sus derechos.
El dictamen que favoreció a la jueza María Lourdes Afiuni se enmarca en una serie de medidas adoptadas durante el presente año en Venezuela. En este período, cientos de presos políticos fueron excarcelados y a miles de personas se les levantaron las restricciones vigentes sobre su libertad.
Estas acciones fueron definidas por las propias autoridades venezolanas como parte de un “nuevo momento” en la situación institucional del país. Dicho escenario se produce tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de fuerzas de Estados Unidos, ocurrida en enero pasado.
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La familia de Afiuni informó este viernes que la resolución judicial le otorgó la libertad plena y cerró de manera definitiva el proceso en su contra. A través de un comunicado, sus allegados calificaron el caso como algo que “nunca debió existir” y que representa “el final de un largo y doloroso capítulo”.
La detención de la funcionaria judicial se produjo en diciembre de 2009, después de que concediera la libertad bajo fianza a un banquero. En esa oportunidad, el entonces presidente Hugo Chávez solicitó públicamente para ella la pena máxima de 30 años de prisión, acusándola de haber facilitado la fuga del empresario fuera del país.
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Inicialmente, la magistrada permaneció recluida en un establecimiento penitenciario hasta 2011, cuando se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario. Posteriormente, en 2013, obtuvo la libertad condicional y en 2019 fue condenada a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”.
Respecto a esa condena, la propia fiscalía reconoció durante el proceso que la acusada no había obtenido ningún tipo de beneficio económico. Hasta la medida que le concedió la libertad plena, Afiuni estaba sujeta a un régimen de libertad condicional con severas restricciones.
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Según detallaron sus allegados, estas limitaciones incluían la prohibición expresa de abandonar la ciudad, emitir declaraciones a medios de comunicación o en redes sociales, y ejercer el derecho al voto. Además, se mantenía su inhabilitación política y la denegación de su pasaporte.
En su comunicado, la familia de la jueza afirmó que “durante años, la juez Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal”. Sostuvieron que el caso se convirtió en un “símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela”, aunque aclararon que la clausura formal de la causa “no borra el sufrimiento vivido”.
El pronunciamiento también indicó que el proceso tramitado “permanece como una advertencia para toda la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia”. Asimismo, se expresó la confianza en que el fallo “marque también el inicio de una reflexión indispensable sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela”.
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