Proyectos opositores buscan regular el sobreendeudamiento con billeteras virtuales en Argentina
Política10/08/2026
REDACCIÓNProyectos buscan proteger usuarios vulnerables y prohibir prácticas abusivas ante el sobreendeudamiento creciente en sector no bancario.
Diputados de distintos bloques de la oposición impulsaron en el Congreso proyectos de ley para regular de manera integral el ecosistema financiero digital en Argentina. Las propuestas buscan prohibir prácticas abusivas y proteger el ingreso de los consumidores al sistema crediticio.
Estas iniciativas surgen en un contexto donde más de seis millones de argentinos registran deudas con billeteras virtuales con mora de 90 días o más. El escenario de morosidad es creciente, con tasas de interés que alcanzan niveles exorbitantes en este tipo de plataformas.
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Según datos de EcoGo a mayo de 2026, la irregularidad en proveedores no financieros rozó el 28,7%, impulsada por la mora en préstamos personales, que llegó al 34,1%, y en tarjetas de crédito, que se situó en el 19,4%. En contraste, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la mora en las familias del sistema bancario ascendió al 12,8% en el mismo mes.
Uno de los proyectos fue ingresado por el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, enfocado en combatir el crédito impulsivo en aplicaciones móviles y billeteras virtuales. Además, busca brindar mecanismos de reinserción económica para deudores críticos, introduciendo un procedimiento judicial de rehabilitación financiera.
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Esta propuesta exige que las entidades financieras y Fintech evalúen la situación económica integral del usuario antes de otorgar nuevo financiamiento. El objetivo es evitar la acumulación desmedida de compromisos automáticos repartidos en múltiples plataformas digitales.
La norma de Juliano contempla planes de pago adecuados a los ingresos reales, con adecuación de intereses, cargos y penalidades. También establece la suspensión temporal de ejecuciones que puedan poner en riesgo la subsistencia digna y la protección de bienes esenciales de los deudores.
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Asimismo, incorpora un mecanismo de segunda oportunidad donde, si el usuario actúa de buena fe y cumple sustancialmente con el plan de pagos homologado judicialmente, el juez podrá disponer la extinción total o parcial de las deudas remanentes. El legislador lamentó que: «Los intereses oscilan entre el 100% y el 700%».
El proyecto del diputado Juliano regula los denominados “dark patterns” y la gamificación, prohibiendo interfaces diseñadas para ocultar el costo real del crédito o incentivar el endeudamiento acelerado. También exige sistemas automatizados de evaluación crediticia transparentes, auditables y con revisión humana.
Por otra parte, un conjunto de 27 legisladores del peronismo federal, encabezados por Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria, presentó otro proyecto. Esta iniciativa busca resguardar a los beneficiarios de prestaciones sociales de la ANSES, denunciando que las plataformas aprovechan la previsibilidad de los ingresos estatales para ofrecer créditos con Costos Financieros Totales que superan el 700%.
El proyecto de Tolosa Paz propone que la regularidad de estos ingresos sea considerada positivamente al evaluar la capacidad de pago y el riesgo crediticio de los solicitantes. Además, busca evitar que variables algorítmicas, como la condición socioeconómica o la informalidad laboral, funcionen por sí solas como factores negativos al determinar el acceso y el costo del financiamiento.
Victoria Tolosa Paz explicó que: «Nos preocupa especialmente que el algoritmo termine convirtiendo la vulnerabilidad social en una variable que encarece el crédito». Por ello, el proyecto establece un límite para la tasa de interés compensatorio, fijándolo en el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales que publica el Banco Central.
La propuesta de Unión por la Patria incorpora una protección específica para prestaciones de carácter alimentario como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días. Los fondos provenientes de estas prestaciones no podrán ser afectados mediante débitos automáticos ni mecanismos de cobro recurrente.
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