La aerolínea low cost no paga indemnizaciones ni sueldos, y la falta de aportes dejó sin obra social a empleados en actividad y despedidos.
La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil decidió restringir la venta de pasajes de Flybondi debido al elevado número de cancelaciones y fallas operativas de la compañía. Esta medida busca proteger a los consumidores y evitar que la empresa siga comercializando servicios que no puede garantizar, mientras en Argentina la aerolínea continúa operando con normalidad.
En este contexto, más de 700 ex trabajadores de la compañía llevan más de tres meses sin percibir las indemnizaciones por despidos sin causa ni los acuerdos de retiro voluntario. La situación, que afecta a familias de todo el país, se agrava ante el silencio absoluto de la empresa sobre los plazos de pago o la regularización de las deudas.
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La crisis se profundizó el 6 de agosto, cuando la falta de pago de aportes dejó a empleados activos y ex trabajadores sin cobertura de medicina prepaga y obra social. Esta interrupción afecta tratamientos médicos, controles y prestaciones esenciales para cientos de personas, sumando un nuevo frente al conflicto.
A los ex empleados se suman trabajadores que aún continúan en actividad, pero que tampoco recibieron los sueldos de junio y julio, ni el aguinaldo correspondiente. El temor a represalias laborales genera un clima interno de preocupación e incertidumbre, inhibiendo reclamos públicos y profundizando la tensión dentro de la empresa.
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Los incumplimientos de la aerolínea no solo alcanzan a su personal, sino también a cientos de miles de pasajeros que continúan sin recibir los reembolsos por vuelos cancelados durante los últimos ocho meses. Esta extensa lista de irregularidades impacta en otros sectores vinculados a la operación de Flybondi.
Además, cientos de proveedores llevan meses sin cobrar, incluso en casos donde existían planes de pago acordados que tampoco fueron cumplidos por la compañía. El Estado Nacional y varias provincias figuran entre los acreedores, ya que la empresa mantiene deudas millonarias en tasas e impuestos con organismos públicos y empresas estatales.
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Frente a esta falta de respuesta, los afectados iniciaron acciones judiciales para ejecutar acuerdos que la propia empresa reconoció y suscribió formalmente. En la mayoría de los casos, los convenios fueron firmados por Verónica Fúnes, directora de Recursos Humanos de Flybondi y OCP Tech, ante la escribana pública Paula Rodríguez Foster, o fueron homologados por el SECLO.
Los ex empleados denuncian que cada incumplimiento obliga a iniciar un nuevo expediente judicial, una situación que permite a la empresa ganar tiempo y dilatar pagos que ya fueron reconocidos por escrito. La acumulación de causas en trámite refleja la magnitud del problema y la falta de voluntad de la compañía para resolverlo.
Los ex trabajadores cuestionan que la ANAC argentina siga aprobando los planes operativos de la empresa sin aplicar restricciones equivalentes a las de Brasil. También señalan la falta de intervención de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), el gremio que los representa, reabriendo el debate sobre la capacidad sindical en situaciones de crisis.
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