Inocencia Fiscal II: excluyen a funcionarios de los beneficios y eliminan los topes de patrimonio
Política12/08/2026
REDACCIÓNLa Libertad Avanza y sus aliados lograron dictamen de mayoría para ampliar contribuyentes, aceptando una prohibición clave para los tres poderes.
Los funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a Secretario de Estado de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no podrán acceder a los beneficios del proyecto de Inocencia Fiscal II. Esta exclusión abarca tanto a los ámbitos nacional, provincial y municipal como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La prohibición fue una de las modificaciones clave introducidas por el oficialismo para conseguir el dictamen favorable en la Cámara de Diputados. El despacho de mayoría se logró hoy en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, y contó con un total de 44 firmas.
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La exclusión se extiende a todas las personas que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública durante los últimos cinco años anteriores a la fecha de adhesión y también hacia el futuro. Aunque podrán utilizar el sistema simplificado como un canal para presentar su declaración jurada de Ganancias, no gozarán de presunción de exactitud ni de liberación de fiscalizaciones.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, detalló el alcance de la medida. «Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable», afirmó.
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Otra de las modificaciones sustanciales del proyecto es la eliminación de los topes de 1.000 millones de ganancias y de 10.000 millones de pesos de patrimonio que se exigían para ingresar al sistema. Con esta medida, el Gobierno busca permitir que los grandes contribuyentes también puedan adherir.
El proyecto también contempla correcciones orientadas a las pequeñas y medianas empresas. Para las PyMEs se establece una reducción del 25% en las multas aplicadas por infracciones formales, sumándose a otros beneficios ya previstos en la ley original.
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En ese marco, la diputada Rodríguez Machado explicó el espíritu de la normativa. «Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día», sostuvo.
El respaldo al dictamen provino de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo. El despacho fue firmado por 32 legisladores libertarios, 2 de la UCR, 2 de Innovación Federal y uno por cada uno de los bloques MID, Independencia, Producción y Trabajo y Provincia Unidas, este último en disidencia parcial.
Tras el acuerdo en comisiones, que estuvieron presididas por los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, el proyecto de ley quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. La sesión para su debate en la Cámara de Diputados fue programada para el próximo 26 de agosto.
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