Un grupo de senadores del Justicialismo presentó un proyecto de resolución para que el jefe de Gabinete y el ministro de Economía expliquen el presunto desvío de fondos.
Durante los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno recaudó $450.500 millones para el Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte. De ese total, las obras viales recibieron únicamente $83.144 millones, lo que representa una ejecución de apenas el 18,5% de los recursos disponibles.
Frente a esta situación, un grupo de senadores nacionales del bloque Justicialista, encabezado por Ana Marks, presentó hoy un proyecto de resolución. La iniciativa solicita la comparecencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, para que brinden explicaciones sobre la gestión de estos recursos.
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La propuesta legislativa exige que ambos funcionarios presenten un informe detallado sobre el desvío de fondos destinados a la infraestructura vial hacia otras inversiones financieras. Además, busca esclarecer el bajo nivel de utilización del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial en un contexto de deterioro de las rutas nacionales.
El texto del proyecto destaca que los recursos generados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos tienen como asignación específica el financiamiento de obras viales. Por esta razón, se cuestiona que el Gobierno haya redirigido parte de esos fondos a operaciones financieras, mientras numerosas obras se encuentran paralizadas.
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La senadora Ana Marks manifestó la necesidad de respuestas por parte del Poder Ejecutivo. «Es urgente que el jefe de Gabinete y el Ministro de Economía expliquen el desvío de los recursos que deberían estar destinados al mantenimiento de nuestras rutas nacionales, para prevenir accidentes y promover el desarrollo de nuestras comunidades, y no para actividades especulativas», afirmó.
En los fundamentos de la iniciativa se detalla que entre 2024 y los primeros meses de 2026 se recaudaron cientos de miles de millones de pesos. Sin embargo, el monto efectivamente ejecutado para la mejora y mantenimiento de las rutas resultó ser considerablemente menor.
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En esa misma línea, Marks consideró que «el Gobierno tiene la responsabilidad de explicar dónde están esos recursos y por qué no se utilizan para asegurar rutas seguras y transitables». La senadora también lamentó el impacto de esta situación sobre la ciudadanía y los sectores productivos.
La demanda, según enfatizó la impulsora del proyecto, no se limita a una simple discusión presupuestaria. Busca promover la transparencia en la gestión de fondos específicos y defender la infraestructura vial considerada necesaria para el bienestar de las provincias.
La propuesta cuenta con el respaldo de los senadores Juliana Di Tullio, Alicia Kirchner, Mariano Recalde y Martín Soria. También acompañan la iniciativa Daniel Bensusan, Florencia López, Cristina López, Adán Bahl, Lucía Corpacci y Jorge Capitanich.
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