Río Negro: Un pedido de informes busca determinar cuántas tierras fiscales tienen dueños extranjeros

La iniciativa parlamentaria busca reconstruir por completo las operaciones de adjudicación y regularización de inmuebles entre 2012 y 2026 en la provincia patagónica.

Si obtiene la aprobación en la Legislatura, un pedido de informes en Río Negro buscará reconstruir durante 14 años el destino de las tierras fiscales que pasaron a manos extranjeras. El objetivo es identificar a los beneficiarios y los procedimientos por los cuales se concretaron dichas operaciones en el territorio provincial.

La iniciativa parlamentaria fue impulsada por nueve legisladores: José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Ayelén Spósito, Fabián Pilquinao, Alejandra Mas, Daniel Belloso, Leandro García y Luis Ivancich. Estos representantes buscan que el Poder Ejecutivo provincial reconstruya las operaciones realizadas entre 2012 y el 31 de julio de 2026, bajo la antigua Ley Q 279 y la actual Ley 5705.

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El requerimiento apunta a conocer las adjudicaciones, concesiones, permisos de ocupación o regularizaciones de tierras fiscales a favor de personas o sociedades extranjeras en dicho período. Además de saber cuántos casos existieron, se solicita información individual sobre cada parcela para determinar su ubicación, superficie y las condiciones de entrega.

Entre los datos específicos solicitados aparecen la ubicación geográfica, nomenclatura catastral, departamento, localidad y paraje de cada inmueble involucrado. También se pide informar la cantidad de hectáreas, el precio establecido para su adjudicación y el número de expediente correspondiente a cada operación.

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La intención es identificar con precisión a los beneficiarios extranjeros, para lo cual se solicita información completa de las personas físicas. En el caso de las sociedades, se reclama la documentación sobre su constitución, domicilio, inscripciones y situación tributaria.

El relevamiento también pretende determinar los controles que acompañaron estas operaciones, solicitando las valuaciones fiscales, resoluciones y dictámenes técnicos o jurídicos que se utilizaron. Además, se buscan las actuaciones de los organismos provinciales que pudieran haber intervenido en los procesos.

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Entre los organismos mencionados aparecen la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas y el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas. Los legisladores solicitan que cualquier informe u opinión emitido por estas entidades sobre las tierras involucradas sea remitido con la respuesta oficial.

Un punto particular del requerimiento está relacionado con las zonas de frontera, donde se busca verificar el cumplimiento de las restricciones provinciales y la legislación nacional. El pedido también abarca las operaciones que aún no han concluido, solicitando el estado de los expedientes de adjudicaciones, permisos de ocupación o regularizaciones pendientes.

Finalmente, el proyecto incorpora la investigación sobre tierras vinculadas con el Programa de Desarrollo Productivo Rural de Río Negro, financiado con recursos externos. Se busca conocer qué inmuebles serán alcanzados, quiénes figuran como titulares y cuál es su superficie, ubicación y situación dominial.