Investigan la inacción de la Sindicatura General ante presuntos desvíos de fondos fiduciarios
Política18/08/2026
REDACCIÓNLa denuncia ampliada de la diputada Marcela Pagano ante la justicia federal también cuestiona el rol del organismo de control interno en el manejo de millonarias partidas.
La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó la inacción de la Sindicatura General de la Nación durante los recientes ejercicios, en el marco de su denuncia ampliada por presuntas irregularidades en fondos fiduciarios. La legisladora demandó explicaciones por escrito al órgano de control interno, que no habría auditado los movimientos ni el rendimiento de las colocaciones financieras.
El escrito presentado por Pagano ante la justicia federal amplía el objeto de su denuncia penal inicial. Allí busca demostrar que la retención de partidas presupuestarias excedió los fondos destinados a caminos nacionales.
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Según la acusación, el Poder Ejecutivo habría articulado un sistema continuo para absorber los recursos de los fideicomisos con destino específico. Los montos recaudados por tributos especiales habrían terminado en instrumentos de deuda del Tesoro Nacional.
Esta maniobra incluiría fondos para la contención de inundaciones, la renovación de la red ferroviaria y las compensaciones al transporte automotor. La diputada remarcó que esta ingeniería financiera permitió simular un equilibrio fiscal, pero a costa de paralizar obras públicas estratégicas.
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La denuncia de Pagano también apunta contra la descapitalización de los fideicomisos disueltos y los fondos de integración regional. El mantenimiento de saldos en depósitos a plazo fijo habría provocado pérdidas millonarias por el deterioro inflacionario de esos recursos.
La legisladora enfatizó que esos dineros perdidos debían ser destinados a obras de infraestructura provincial y a programas de vivienda. En paralelo al frente judicial, la diputada Marcela Pagano envió siete pedidos de informes a diversos ministerios y organismos fiscalizadores.
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Las solicitudes buscan conocer las fechas de las operaciones, la identidad de los funcionarios firmantes y los montos transferidos al Banco Nación. Esta ofensiva busca forzar la entrega de los balances y registros que respaldan el uso de las asignaciones específicas.
El planteo judicial encuadra estas maniobras en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad. La diputada solicitó la unificación de esta nueva causa con el expediente abierto previamente por irregularidades en el fondo vial.
La pretensión de Pagano es que la justicia federal reconstruya la cadena de órdenes que autorizó el desplazamiento de los fondos hacia la caja común. Para la legisladora, el cobro continuo de un gravamen sin la contraprestación de la obra constituye una infracción al Código Penal.
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